Posconvergentes y republicanos se conjuraron ayer para exigir al Estado que abra una investigación por las informaciones publicadas en el diario Público que indican que el imán de Ripoll fue confidente de los servicios de inteligencia hasta el día de los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto del 2017.
JxCat, ERC, CUP y comuns consideraron que, de confirmarse este vínculo, supondría un «escándalo». Los socios de Govern quieren que el Congreso abra una comisión de investigación y que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, comparezca para esclarecer este asunto y que envíe un mensaje de tranquilidad.
El presidente de la comisión sobre el 17-A en el Parlament, Jordi Munell, consideró, además, que la fiscalía debe abrir de oficio una investigación porque el CNI «podría haber jugado impunemente». Munell anunció que solicitarían por tercera vez la comparecencia de exresponsables del Gobierno, del CNI y de los cuerpos policiales que declinaron la cita a la comisión acogiéndose a informes del Consejo de Estado. Solo ofreció su versión el exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.
El president de la Generalitat, Quim Torra, acusó a «los partidos del 155» de guardar un «intolerable silencio» sobre la masacre y su predecesor en el cargo, Carles Puigdemont, insistió en este extremo y aseguró que Cs, PP y PSC se unieron para «bloquear la investigación parlamentaria». Por su parte, los comuns mostraron «preocupación» y pidieron «responsabilidad al Gobierno y al Estado por las víctimas, para no generar teorías conspirativas». La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recetó «prudencia» y recordó que la causa está abierta y bajo secreto de sumario.
El líder del PSC, Miquel Iceta, se mostró confiado en las investigaciones parlamentarias y Cs acusó al independentismo de aprovechar la información «para debilitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».
