La ministra Pilar del Castillo defiende las seis subvenciones que ha concedido a la Fundación Nacional Francisco Franco y asegura que no ha negado el diálogo sobre el archivo de Salamanca. Con respecto a la ley de calidad de la enseñanza, a las puertas de su aprobación definitiva, la ministra se siente liberada de la tensión de la tramitación de la norma y satisfecha por haberla llevado a buen puerto.

Su ministerio ha concedido casi 125.000 euros en ayudas a una fundación que defiende unos postulados antidemocráticos.

-- La Fundación Franco no está activa políticamente, no tiene una actividad política que vaya contra la Constitución. Es básicamente una fundación que tiene unos archivos con documentos que son de interés para conocer un periodo dramático de nuestra historia. La obligación de la Administración es facilitar que esos archivos estén a disposición de los investigadores.

Los historiadores, sin embargo, denuncian que la fundación aún impide la consulta de sus fondos.

-- Si algún historiador va a la Fundación Franco, pide un documento que no forme parte de los que se están digitalizando y obtiene una negativa, que se dirija al ministerio. Que comunique las circunstancias en que eso se ha producido, el documento que se ha pedido, y la respuesta que se ha dado. El ministerio se ocupará de conocer lo que ha ocurrido y tomará medidas. Hasta ahora no ha habido ninguna comunicación de este tipo.

El historiador Andreu Mayayo le envió el 22 de noviembre una denuncia por escrito.

-- El ministerio no conoce ninguna denuncia donde se expresen todas las circunstancias que concurren en un caso de negativa a permitir la consulta de documentos.

Los archivos que guardan los papeles de Salazar, Hitler o Mussolini son de titularidad pública.

-- Habría que ver qué contienen esos archivos. En el caso que nos ocupa, no consideramos que sea necesario. Si una cosa es operativa, no hay necesidad de buscar otra distinta. Es así de sencillo. No hay nada extraño, no hay ninguna intención oculta, no hay deseo de nadie de apoyar el franquismo.

¿El ministerio conoce el contenido del archivo? ¿Lo ha auditado?

-- El ministerio conoce básicamente los papeles que hay. Cuando acabe la informatización, se conocerá mejor. El ministerio no hace tesis doctorales sobre los papeles de un archivo, sino que tiene que saber cuáles son sus características generales.

En julio pasado, su ministerio dio por zanjado el contencioso del archivo de Salamanca frente a las demandas de devolución de documentos expoliados al final de la guerra civil española.

-- No, fue el patronato del archivo quien lo hizo. El patronato, que está compuesto por personalidades de distinto signo, acordó por unanimidad que, ya que entre los expertos no había habido ningún acuerdo sobre los papeles que podían ser objeto susceptible de traslado, era hora de seguir hacia adelante.

En Cataluña, sin embargo, no se ha dado por zanjado el asunto.

-- ¿Pues qué le puedo decir?

Si está dispuesta al diálogo.

-- El diálogo ha estado abierto. De lo contrario, no se habría creado una comisión de expertos por iniciativa de la ministra y del consejero de Cultura, Jordi Vilajoana. Se creó la comisión y dio unos resultados. Y el patronato tomó una decisión.

El argumento para negar la devolución fue preservar la unidad de archivo. Pero esa unidad se basa a su vez en la ruptura de la unidad de los archivos expoliados.

-- Creo que en este punto las cosas están claras. Ese archivo es el archivo de la represión. Un archivo que se creó para reprimir a aquéllos que habían tenido una actitud contraria al levantamiento y al franquismo. La unidad del archivo hay que entenderla en relación con ese objetivo. Todos los documentos de la Unesco sostienen esta posición.

¿Y no sería suficiente que el archivo conservara los tres millones de fichas que se abrieron con fines represivos y copias de los papeles incautados?

-- La unidad de archivo se entiende siempre respecto a los originales. Las copias son las que pueden estar en cualquier lado. Desde el punto de vista operativo, cualquiera, desde cualquier punto de España, puede consultar el archivo.

¿Por qué la escuela cristiana catalana, a diferencia de la española, se opone a la ley de calidad?

-- No me consta y he tenido contactos, he conocido de primera mano la opinión del sector.

Afirman en un manifiesto público que el proyecto no es lo "bastante coherente con los principios que proclama".

-- No dicen que no sea coherente, sino lo bastante coherente. Además no sé quién firma ese documento.

Los representantes de 450 escuelas que escolarizan a 250.000 alumnos.

-- Pues no sé, porque no es el mensaje que he recibido de las instituciones con las que me he reunido.

¿Por qué cree que la asociación a la que están afiliados el grueso de los inspectores educativos en Cataluña es contraria a la ley?

-- ¿Por qué cree que el grueso de docentes de Secundaria representados por entidades y sindicatos, incluidos los que se han posicionado en contra, la apoyan en lo sustantivo? Una cosa es el sindicato y otra lo que dicen en las reuniones.

¿De verdad?

-- Yo he notado el aliento constante de la gran mayoría de profesores de toda España, que estaban expectantes y deseosos, tenían la incertidumbre de saber hasta qué punto íbamos a ser capaces de afrontar las carencias y los problemas inequívocos planteados.

Pero los sindicatos que critican la norma han ganado las recientes elecciones sindicales.

-- El voto viene condicionado por otras cosas. Hay quien no va a cambiar el voto aunque apoye la ley.