La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela imputó ayer al exdirector de los Mossos d’Esquadra Pere Soler -quien fue jefe político del mayor Josep Lluís Trapero- y al exsecretario general de de la consejería catalana de Interior Cèsar Puig -segundo del exconseller Joaquim Forn- en relación con la actuación de la policía autonómica en el referéndum unilateral del 1-O. La magistrada, que citó a ambos para el 9 de marzo, adoptó esta decisión a petición de la fiscalía, que la pasada semana le pidió ampliar la investigación.

Si bien la jueza no precisa en su decisión el delito por el que les llama a declarar, la citación de Soler y Puig se enmarca en la causa abierta por sedición en la que ya investiga a Trapero -que ha declarado tres veces ante Lamela y tiene impuestas medidas cautelares como la prohibición de salir de España- y a la intendente de los Mossos Teresa Laplana.

En el auto de citación, la jueza acuerda también levantar el secreto de sumario de la pieza en la que se investiga el intento de los Mossos de quemar pruebas en una incineradora, y decide enviar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como pedía la Fiscalía, la parte correspondiente a la vertiente política de estas actuaciones y que afecta al CESICAT, «pretendido CNI catalán».

El fiscal pidió ampliar la imputación a Soler y Puig por su «decisiva actuación en los hechos objeto del procedimiento», que hasta ahora se había ceñido a las protestas ante de la Conselleria d’Economia del 20 de septiembre. El ministerio público cree que la «inacción» de los Mossos «siguió la pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquim Forn, Pere Soler Campins, director de los Mossos, y en la medida correspondiente Cèsar Puig», contando con el apoyo también de Trapero. Como prueba de ello, aporta incluso declaraciones de Soler a favor del 1-O e incluso un tuit en el que afirmó que «el ordenamiento jurídico [de los Mossos] no se acaba con la Constitución Española». «Su colaboración en la celebración del referéndum fue más allá de la inactividad y se convirtió en acción a favor de su consumación», agrega.

En cuanto a la petición que hizo el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo de declarar la causa compleja, lo que implica que la investigación puede prorrogarse más allá de los seis meses hasta un máximo de 18, Lamela acuerdó conceder un plazo de dos días a las partes para que se pronuncien al respecto. El pasado viernes la jueza tomó declaración por tercera vez a Trapero y le dejó en libertad con las mismas medidas cautelares que ya le había impuesto, pese a que la Fiscalía pidió que se le impusiera una fianza de 50.000 euros por la imputación de un segundo delito de sedición por el 1-O y el riesgo de destrucción de pruebas.

La Fiscalía motivó su petición en dos reuniones que mantuvo el 26 y el 28 de septiembre Trapero con el expresidente Carles Puigdemont, Forn y Junqueras de cara al referéndum y que ocultó en sus anteriores declaraciones, extremo que su defensa negó y alegó que en un escrito en diciembre ya mencionaron esos encuentros al pedir la testifical de los intervinientes.

Por otra parte, en el relato que, a partir del análisis de los e-mails enviados o recibidos por Trapero, hace la Guardia Civil para intentar aclarar qué papel desempeñaba el mayor respecto al proceso independentista, se le da relevancia al contenido de un correo enviado el 31 de julio de 2017 por Rafael Comes, comisario jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal, a un grupo de mandos de los Mossos entre los que destaca el propio Trapero.

Comes trata de resumir en ese mensaje una reunión que, tan solo unas horas antes, se había mantenido en el departamento de Interior para hablar entre otras cuestiones de una futura hacienda catalana. Según cuenta habían sido testigos, además de él mismo, el secretario del área César Puig y el jefe de Delitos Económicos de cómo el entonces secretario de Hacienda, Josep Lluís Salvadó, defendió la necesaria colaboración de los dos departamentos del Govern en el corto plazo, pero también en un «escenario futuro».

Sobre ese «escenario futuro» y según consta en el e-mail de Comes, ahora en poder de la jueza Lamela -y en breve también del Tribunal Supremo- Salvadó llegó a defender el diseño de estructuras y procedimientos de inteligencia para poder luchar contra el blanqueo de capitales y controlar las aduanas pensando en un «escenario futuro con competencias plenas». Según Comes, fue el secretario de Interior quien se extrañó de que el contenido tratado en esa reunión no fuera operativo sino estratégico, invitando al responsable de Hacienda a que ese planteamiento se lo hiciera al director general de los Mossos y al mayor. Finalizaba el correo señalando que Puig se iba a encargar de informar a Trapero sobre las solicitudes que llegaban de Hacienda.