En la queja de Cándido Conde-Pumpido subyacen varios conflictos, todos ellos interconectados entre sí: La reclamación de los fiscales de un mayor protagonismo en la instrucción, la guerra entre Baltasar Garzón y la fiscalía, y el doble proceso judicial que se utiliza para frenar las artimañas del entramado etarra.
De hecho, fuentes gubernamentales y judiciales interpretaron la declaración del fiscal general como "una pataleta" porque el Gobierno quiere modificar la ley de enjuiciamiento criminal para que el fiscal dirija las investigaciones, pero aún no ha encontrado el momento. Cándido Conde-Pumpido ha pedido dicho cambio legal, pero ayer utilizó toda su conferencia para defender que no se puede esperar más tiempo.
El juez estrella
En esta situación, muchas de las decisiones de Garzón, que evidencian el protagonismo de la figura del juez, generan recelos en la fiscalía. Así, en los últimos días se ha puesto de manifiesto las discrepancias entre ambos sobre la solidez de los indicios contra los dirigentes del PP en el caso Correa . En cuanto al proceso contra los herederos de Batasuna, la competencia para impugnar las listas es del fiscal, por eso a Conde-Pumpido le molesta que la policía solo informe al juez.
