España firmó un acuerdo con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para que, a partir de ahora, los ciudadanos puedan dirigirse a esta instancia y ser contestados en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado.

A juicio del secretario de Estado español para la Unión Europea (UE), Diego López Garrido, el acuerdo alcanzado supone "una demostración de la voluntad y el compromiso del Gobierno español con las comunidades autónomas con lengua propia, con el fin de darles voz en las instituciones europeas".

El acuerdo excluye los escritos jurisdiccionales, los que se refieran a la aplicación de una norma legal y los que tengan por objeto, directa o indirectamente, la obtención de una ventaja (por ejemplo, una subvención), un beneficio (atribución de un contrato) o una función (una candidatura de empleo).