El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, pronunció este lunes su tercer discurso de despedida al frente del órgano de gobierno de los jueces, cuya renovación se retrasa sin visos de solución, lo que representa en su opinión una "seria anomalía". Ello le permitió reclamar "una mayor claridad normativa" respecto de la adopción por las Administraciones de medidas restrictivas de la libertad personal al amparo de la legislación sanitaria de excepción, que exige posterior control judicial aun bajo el estado de alarma.
En el acto de apertura de tribunal, presidido por el rey, Lesmes consideró necesaria "una mejor delimitación" de la necesaria ratificación judicial de esas medidas cuando son tomadas en razón de la legalidad ordinaria. "Si tal claridad normativa siempre es deseable, hemos de reclamarla con mayor intensidad cuando se trata de medidas que, si bien es cierto que resultan necesarias para combatir la pandemia, no es menos cierto que afectan directamente al ejercicio de nuestros derechos más básicos", afirmó.
"Las competencias extraordinarias asumidas durante la vigencia de los estados excepcionales por los poderes públicos, con ser extraordinarias, en modo alguno escapan al control inherente a todo Estado de Derecho", agregó.
El presidente del Supremo y del CGPJ recordó los "esfuerzos realmente heroicos” del personal sanitario y la entrega del resto de los trabajadores públicos, como los de Justicia, ante una pandemia que "ha mostrado la fragilidad de nuestra condición como seres humanos y también la de nuestras sociedades", tanto en lo relativo a la salud, como en la crisis social y económica provocada y "tensionar los derechos y las libertades de los ciudadanos".
Oportunidad
Para Lesmes, ello ha supuesto un "desafío inmenso" para los órganos judiciales, que han tenido que atender los nuevos asuntos derivados de la emergencia sanitaria, y "ha mostrado con crudeza las debilidades del sistema judicial y procesal", pero como toda crisis, no deja de ser también "una oportunidad para avanzar".
"Es indispensable que la Administración de Justicia se convierta en una Administración lo suficientemente tecnificada y bien organizada para que, llegado el caso, pueda seguir prestando sus servicios de forma eficiente pese a dificultades como las que ahora vivimos", afirmó. A continuación añadió que "quizás sea hora ya, definitivamente, y con el objetivo de contribuir también desde la justicia a la recuperación del grave golpe social, económico y moral sufrido, de alentar un verdadero giro estratégico a nivel legislativo sobre la forma de concebir la estructura del proceso judicial, en la que la tecnología y la digitalización no meramente ayuden o faciliten las tareas procesales, sino que las vertebren en su integridad".
Aumento de la litigiosidad
El presidente del Supremo recordó que en 2019 se produjo por tercer año consecutivo un incremento de la tasa de litigiosidad, que creció en un 4,1%, y que pese al sobreesfuerzo de los integrantes de la Carrera Judicial (la media de sentencias dictadas por jueces y magistrados se incrementó en un 4,5%) "no estamos en la situación de partida ideal para afrontar con plenas garantías el impacto, previsiblemente grave, de la dura situación vivida, que ha tenido paralizada durante meses la actividad judicial ordinaria".
De ahí la necesidad de adoptar medidas no solo coyunturales y urgentes, sino también la aprobación de reformas procesales que agilicen la tramitación de los procedimientos y que permitan dar respuesta rápida y con garantías a los ciudadanos y empresas, propiciando una mayor flexibilidad en las actuaciones, buscando una tramitación más expeditiva e incrementando el uso de medios tecnológicos.
Ante las presidentas del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pero también del presidente del PP, Pablo Casado, y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Lesmes exhortó a los poderes públicos a renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo retraso dijo que "representa una seria anomalía".
"Es la propia Constitución la que fija en cinco años la duración del mandato de cada Consejo, por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones". Insistió en que entre sus relevantes funciones figura las de "nombramiento, ascenso, inspección y régimen disciplinario", que deben desarrollarse con normalidad, porque lo contrario supondría un "grave quebranto para la justicia española, a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes".
