La teoría de la conspiración no conoce límites. Así lo demostró ayer en el juicio del 11-M el abogado Juan Carlos Rodríguez Segura al afirmar que, si Al Qaeda fuese responsable de los atentados, Osama bin Laden debería estar en el banquillo de los acusados. Hablando como representante particular de una víctima, pero en nómina de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Rodríguez insinuó la participación de ETA en la matanza, pese a que su compañero de la AVT Emilio Murcia la descartó el martes pasado.
Sin ocultar sus inclinaciones políticas, Rodríguez echó además un capote al anterior Gobierno al exponer su hipótesis sobre las motivaciones de los terroristas que perpetraron la matanza. Calificó de "dimes y diretes" la versión de que los atentados fueron una respuesta a la intervención de España en Irak, ya que, dijo, los españoles "no fueron a la guerra, sino a ayudar". A su juicio, la masacre del 11-M perseguía el "fin espurio" de "acabar con el legítimo Gobierno de España como firme baluarte de la lucha antiterrorista".
Sin aportar pruebas, sugirió que en esa cruzada contra Aznar participaron la mayor parte de los islamistas procesados, pero en connivencia con ETA. Criticó que esta conexión "no se haya investigado". "Aquí no están todos los que deberían estar, ya que estaría otra organización diferente a la que aquí están juzgando", señaló Rodríguez. Y apostilló en alusión a ETA: "No vamos a indultar a la serpiente".
"MAS ALLA" Pese a retirar los cargos contra Jamal Zugam y Rabei Osman, el Egipcio , Segura admitió que existen motivos para condenar a la mayoría de los acusados. Sin embargo, en la línea de su colega Murcia y el letrado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, José María de Pablo, añadió el latiguillo de que "hay que investigar más allá". De acuerdo con la afirmación de Rodríguez sobre la presencia de Bin Laden, cualquier juicio contra etarras debería ponerse en entredicho porque no se siente en el banquillo la cúpula de la banda, según señaló un letrado a este diario.
El letrado Rodríguez consideró "imposible" que los procesados dispusieran de la infraestructura necesaria para perpetrar el "mayor atentado terrorista en Europa". Omitió que la investigación ha demostrado que la matanza no requería mecanismos más sofisticados que el conocimiento de cómo se prepara un explosivo activado con temporizador. Por lo demás, insistió en arrojar dudas sobre las pruebas aportadas, como que el contenido de la furgoneta Renault Kangoo fue adulterado, y rechazó de plano la teoría de que el explosivo del 11-M fue goma-2 ECO, que se habría contaminado con otros compuestos químicos.
ATAQUE El abogado criticó con dureza al fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, por afirmar que algunas acusaciones habían provocado una "esquizofrenia procesal", al empeñarse más en cuestionar el proceso que en condenar a los acusados. Según Rodríguez, las palabras del fiscal fueron recibidas por muchas víctimas como un "ataque a lo más profundo de su ser".
Entre las intervenciones de ayer destacó por su brillantez y carga política la del letrado Gonzalo Boyé, representante de dos víctimas chilenas. Arremetió contra algunos colegas de la acusación --en alusión a la AVT y la Asociación de Ayuda-- que reclaman una sentencia "abierta", pese a que esa figura no la contempla el ordenamiento jurídico español. "A menos que lo hagan con fines políticos...", dijo.
IRRESPONSABILIDAD Para Boyé, la guerra de Irak tal vez no fue la causa de la matanza, pero sí la "excusa" para los terroristas. En este terreno tachó de "irresponsables" a los encargados máximos de la seguridad del anterior Gobierno por no haber prestado suficiente atención a la amenaza yihadista y haber trazado su estrategia en un sentido unidireccional", en referencia a ETA. A su juicio, había abundantes informes que alertaban del peligro islamista, que el ministro del Interior de entonces, Angel Acebes, debía haber leído. Boyé también acusó al anterior Ejecutivo no solo de culpa in vigilando , sino también de culpa in eligendo, por nombrar a Agustín Díaz de Mera director general de la policía.
