El abogado y militante del PP José Esteban Verdes tenía previsto salir el domingo de viaje de novios con su flamante esposa, Paloma García Romero, concejala del PP y exviceconsejera del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón. Pero la lenta marcha de las comparecencias en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre el caso Tamayo le impedirá hacer ese viaje. El presidente de la Asamblea, Francisco Granados, cifró en 90.000 euros el coste del periplo, un safari-cacería por Kenia, según la secretaria de la Mesa, Marga Ferré. Verdes reclamará daños por anular el viaje.

El abogado inició ayer su declaración y deberá continuarla el martes. Verdes, que conversó en seis ocasiones con Eduardo Tamayo el día de su traición, presentó un escrito a la Cámara advirtiendo de que el retraso en su comparecencia le provocaría un "perjuicio", al verse obligado a anular sus vacaciones. Estaba citado para el 27 de julio, pero el retraso que acumula la comisión le obligó a esperar hasta ayer para iniciar su declaración.

"GASTAN PORQUE QUIEREN"

Verdes declaró ayer a este diario que no desea "generar ningún gasto a los madrileños" y que ofreció un abanico de "soluciones" a la comisión para no tener que anular su viaje. El abogado propuso "declarar antes que Ruth Porta" --cuya comparecencia ocupó el grueso de la sesión--, "estar respondiendo hasta la madrugada" o ir a la comisión "el viernes o el sábado". Ante la falta de respuesta de aquélla, concluyó: "Si quieren gastar el dinero de los madrileños, que sepa todo el mundo que es porque quieren".

La petición de indemnización de Verdes se efectuará el martes, cuando presente la documentación que pruebe los gastos que le haya generado la anulación del viaje. La Mesa de la Asamblea decidirá entonces si asume o no el monto solicitado por el compareciente. Verdes basará su reclamación en el artículo 75 del reglamento del Parlamento regional, que establece que "los gastos que se deriven para el compareciente serán abonados, una vez debidamente justificados, con cargo al Presupuesto de la Asamblea". Desoír el requerimiento de una comisión de investigación parlamentaria está considerado por el artículo 502 del Código Penal un "delito de desobediencia", castigado con una pena de seis meses a dos años de prisión.