La reforma de Ley de Costas llega hoy a la Comisión de Medio Ambiente del Senado, precedida de las criticas de las ONG ecologistas y partidos de izquierdas porque ven en esta modificación una puerta abierta a una mayor ocupación del litoral.
La reforma que está previsto se debata hoy en la Cámara Alta para ser remitida más adelante a pleno para su aprobación, incorpora enmiendas del Grupo Popular que incluyen los posibles efectos del cambio climático en la primera línea de playa pero también reducen de 100 a 20 metros la franja de protección del litoral en determinados casos.
Así podrían beneficiarse de esta reducción los núcleos, que sin poseer la calificación de urbanos tengan acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica.
El Gobierno ha explicado en reiteradas ocasiones que su objetivo es poner fin a la inseguridad jurídica que provocó la aplicación de la Ley de Costas de 1988, y que determinó en su día qué franjas del litoral de la costa española pasaban a ser del dominio público marítimo-terrestre con el fin de protegerlas ambientalmente.
Para aquellas propiedades privadas construidas legalmente antes de la ley del 88, y que vieron cómo unos terrenos privados se convertían en públicos, el Ejecutivo socialista les otorgó entonces una concesión de disfrute de 30 años.
Con la reforma se han ampliado estas concesiones a 75 años más, y los cerca de 3.000 chiringuitos que hay en las playas españolas también verán alargado el plazo de sus concesiones de 1 a 4 años.
Según el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, unas 250.000 viviendas está afectadas por el deslinde público marítimo-terrestre y por la franja de servidumbre.
