Uno de los proyectos estrella del Gobierno, la ley de la memoria histórica, permitirá visualizar la soledad del PSOE en el Congreso y la división provocada entre los grupos parlamentarios. La iniciativa socialista no ha conseguido convencer ni a sus socios de izquierda, que la consideran "tibia y edulcorada", ni al PP, que pide su retirada por "inútil y peligrosa". Los popular consideran que el texto "enfrenta a los españoles". CiU se sumó a última hora a la petición de que se revisen los consejos de guerra.

El "estallido jurídico" que provocaría la anulación de las sentencias de muerte ha sido el argumento del PSOE para proponer una revisión que solo entrañe "consecuencias morales" y no jurídicas. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego López-Garrido, insistió en que el objetivo es facilitar "la recuperación del honor y la dignidad moral" de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, y que la Constitución impide la anulación de juicios. Fuentes socialistas admiten que se trata de una reivindicación "justa", aunque rechazan que se pueda poner en cuestión todo el entramado de seguridad jurídica del período dictatorial de Franco.

El Gobierno baraja la posibilidad de que un reconocimiento del trato injusto dado a las víctimas y su publicación en el BOE pueda servir para que los afectados soliciten la revisión del juicio de sus familiares.

REPARACION MORAL Pero ni IU-ICV ni ERC han considerado este matiz como un gesto de acercamiento. El líder de IU, Gaspar Llamazares, calificó el proyecto de ley de "monumento a la desmemoria y a la amnesia" del franquismo y la transición. Añadió que la reconciliación "no significa olvido o impunidad".

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, se mostró ayer partidario de abrir las fosas comunes, pero precisó que no se debe "hurgar en las heridas del pasado".