La ley de dependencia, bautizada como el cuarto pilar del Estado del bienestar, echará a andar el 1 de enero y beneficiará a 1,3 millones de españoles que no pueden valerse por sí mismos, además de a sus familias.

El jueves que viene, el Congreso remitirá al Senado, con el apoyo de más del 90% de los diputados, el proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Tan insólito nivel de acuerdo es fruto de la reciente adhesión del PP a una iniciativa que, impulsada por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, contó desde el principio con el respaldo de ERC e IU-ICV, a los que se han ido sumando --junto a sindicatos y empresarios-- todos los grupos restantes salvo dos: CiU, que considera que la normativa invade competencias autonómicas, y el PNV.

El Grupo Catalán a punto estuvo el pasado mayo de dar su respaldo a la ley, pero el acuerdo --plasmado incluso por escrito-- se frustró finalmente por las discrepancias entre Caldera y el democristiano Josep Antoni Duran Lleida sobre cómo escenificar la firma. El larvado enfrentamiento entre las fuerzas de izquierdas y CiU se enconó la pasada semana al sumarse al pacto los populares, acentuando así el aislamiento de los nacionalistas. Y todo ello, por supuesto, con las elecciones catalanas del 1 de noviembre como telón de fondo.

DERECHO UNIVERSAL Más allá de disputas electorales y discusiones competenciales, el objetivo de la norma es que la atención a los dependientes no esté condicionada, como ahora, a las disponibilidades presupuestarias de cada administración, sino que sea un derecho subjetivo y universal.

Entre el catálogo de servicios que abarcará la nueva ley destacan, entre otros, la teleasistencia, la ayuda en domicilio, el ingreso en residencias públicas o concertadas y la atención en centros de día. Parte de la factura correrá a cargo de los usuarios, según su nivel de renta.

En los próximos dos años, además, aquellos españoles que tengan familiares dependientes a su cargo percibirán ayudas para contratar a asistentes profesionales. Hasta el 2015, cuando concluya el desarrollo del nuevo Sistema Nacional de Dependencia, el número de plazas residenciales y de centros de día crecerá un 20%. El Estado ha presupuestado 400 millones de euros para sufragar estas prestaciones.