El socialista José Luis Corcuera tuvo en 1993 su ley de la patada en la puerta , aquella que el Constitucional terminó tumbando en el precepto que permitía a los policías entrar y registrar un domicilio sin autorización judicial en investigaciones por narcotráfico. La corrección del alto tribunal conllevó la dimisión del entonces ministro de Felipe González.
Veinte años después, el actual titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, se está fabricando una ley de seguridad ciudadana a su medida, en consonancia con las advertencias que ya lanzó la misma tarde que tomó posesión de su cargo sobre el coste de mantener, en plena crisis, la paz social: "vivimos y vamos a vivir tiempos recios, tiempos complicados que van a requerir de mano derecha y de mano izquierda, de saber ejercer inteligentemente la autoridad", dijo aquella tarde de 2011, parafraseando a Santa Teresa el flamante ministro.
Fernández Díaz, hijo de un policía municipal de Barcelona, no se equivocó al augurar que llegaban tiempos de conflictividad. Las protestas han acompañado un inicio de legislatura plagado de reformas, recortes en educación y sanidad, amenazas de desahucios, escándalos por corrupción y unas inasumibles cifras de paro. Así, el ministerio del Interior ha tenido que gestionar en los últimos meses convocatorias como Rodea el Congreso (ni el perímetro de seguridad marcado, ni el número de agentes destacados en las cercanías del Parlamento ni el escaso número de manifestantes permitieron realmente que se cercara a la Cámara) o escraches ante los domicilios de dirigentes del PP. Podría ser discutible si Fernández Díaz y su equipo afrontaron con mano "izquierda" dichas protestas. En algunas se logró que apenas hubiera altercados y, en otras, la policía española acabó siendo protagonista de portadas de periódicos internacionales, como sucedió en 2012 a raíz de la durísima actuación de los cuerpos de seguridad en la madrileña estación de Atocha, donde se refugiaron algunos de los participantes en el 25-S.
VIDEOS SOBRE POLICIAS Los vídeos de los enfrentamientos con los antidisturbios que algunos ciudadanos grabaron aquellas jornadas dieron la vuelta al mundo. Esas grabaciones, con la nueva ley Fernández , con la "mano derecha" en pleno funcionamiento, serán mucho más difíciles y, sobre todo, costosas para el bolsillo de quien ose hacerlas.
Cierto es que el ministro tenía el compromiso de aprobar una ley de seguridad ciudadana. Pero cierto es también que ha sido Fernández Díaz quien, tras dos años de protestas anticrisis y de que los jueces hayan rechazado prohibir o castigar convocatorias o concentraciones donde no veían delito alguno, se ha decidido a buscar sus propias fórmulas para dificultar el derecho de manifestación, recuperando términos franquistas como la salvaguarda del "orden público".
SANCIONES MILLONARIAS Una vez confirmado que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no incluiría como delitos en su reforma del Código Penal las concentraciones sin autorización ante las instituciones, el titular de Interior optó por recogerlas en un anteproyecto sobre seguridad, bajo amenaza de sanciones administrativas en algún caso millonarias. Algo similar sucede con los escraches como el que, no hace tanto, vivió en persona la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en plena tramitación de una ley antidesahucios que supo a poco a los afectados.
Las líneas generales del polémico anteproyecto de ley de Interior fueron presentadas a la prensa el lunes, antes de que pasara el control de la comisión de subsecretarios que preside la vicepresidenta, algo que sucedió ayer y que podría propiciar retoques de última hora. Si no hay novedad, la iniciativa será aprobada por el Consejo de Ministros mañana, en un intento de acabar por la vía administrativa con actuaciones que, a juicio del Gobierno, perturban la paz social y que, si la crisis tarda en desaparecer, podrían ir a más.
Habrá que conocer la literalidad del proyecto para aclarar si una vez aprobado podrían ser sancionadas, por ejemplo, las mujeres canarias que están en huelga de hambre frente a su Parlamento para defender la continuidad de las ayudas al cultivo del tomate, o aquel que tome imágenes de un agente que actúe con excesiva violencia. En el ministerio aún no se aclaran con estos matices.
POLVAREDA EN CIERNES No obstante, las novedades que el Ministerio del Interior vendió hace días (multas de hasta 600.000 euros para los que se concentren ante instituciones, participen en escraches o graben o insulten a un policía) han provocado una polvareda que promete crecer, salvo rectificación. El rechazo ha sido especialmente notable en las redes sociales, esas que controlan como nadie los movimientos a los que precisamente pretende amordazar la norma y donde la iniciativa ha sido rebautizada como la ley Fernández o la ley Anti 15-M .
