La justicia de Franco fue todo menos justa y por primera vez en España una ley va a reconocerlo. El proyecto sobre la memoria histórica condenará el régimen del dictador y declarará la "ilegitimidad" de sus tribunales y de todas las sentencias que dictaron por motivos ideológicos. IU-ICV ha logrado arrancar al Gobierno socialista un compromiso que abre la puerta a la posibilidad de que esos juicios sean declarados nulos. El acuerdo entre el PSOE e Izquierda Unida supone el desbloqueo de la ley de la memoria histórica.

Otra de las novedades del proyecto es que ha desaparecido el comité de notables que debía estudiar cada caso para rehabilitar el buen nombre de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. En su lugar será el Ministerio de Justicia el que expedirá una declaración general de reparación del honor a petición de las personas afectadas, familiares o instituciones públicas. Pero este no supondrá automáticamente el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado o una indemnización.

El nuevo texto elimina la equidistancia. IU denunciaba la improcedencia de hablar en términos de bandos e insistía en que no podía compararse a sublevados con los partidarios de un gobierno legítimo como la República. Ahora se habla de derechos de "todos los ciudadanos".

El artículo 3 especifica claramente que los tribunales que se crearon para perseguir a todos los opositores del régimen de Franco pasan a ser "ilegítimos" y "contrarios a derecho". Y, por lo tanto, también todas las condenas y sentencias que dictaron. Los tres artífices del acuerdo parlamentario --Diego López Garrido, Llamazares y Joan Herrera-- insistieron en la importancia de esta expresión. Llamazares admitió que no supone la consecución de sus objetivos al cien por cien pero que es "lo máximo que se podía decir".

Para que no quede lugar a dudas, se mencionan los tribunales más temibles: el de represión contra la masonería y el comunismo, los de la Junta de Defensa Nacional y el de orden público (TOP). Además, se recuerda que merecen la calificación de ilegítimos todos los consejos de guerra. Joan Herrera (ICV) destacó que se declare como objetivo de la ley el "fomento de los valores y principios democráticos", para lo que se deberá facilitar el "conocimiento" de lo que pasó en la guerra civil y la dictadura. Con el mismo fin, se obliga a preservar los documentos sobre ese periodo depositados en archivos.

"PUNTO FINAL" Por último, Llamazares subrayó la importancia de que el proyecto de ley ya no censure el nombre de las personas implicadas en la persecución. Con esta novedad "la ley ha dejado de ser de punto final", como denunciaban asociaciones como Amnistía Internacional.

El acuerdo no es global. Faltan flecos como qué hacer con el Valle de los Caídos y definir las políticas sobre archivos y fosas. López Garrido insistió en que pueden sumarse todos los grupos, incluido el PP, que se opone y augura el "entierro" de la transición y el fin de la reconciliación entre los españoles.