El Gobierno de Pedro Sánchez, como adelantó ayer este diario, tiene preparada la posible aplicación de la ley de seguridad nacional por si debe asegurar el orden público en Cataluña a raíz de la sentencia del 1-O, aunque fuentes de la Moncloa confían en que no hará falta aplicarla. Esta norma sería una alternativa al artículo 155 de la Constitución, cuya activación con un Gobierno en funciones suscita dudas entre los juristas.

La ley fue aprobada en el 2015 por PP, PSOE y UPyD para «proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, y contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en cumplimiento de los compromisos asumidos». Las formaciones nacionalistas se opusieron a la norma y la Generalitat presentó un recurso de inconstitucionalidad que fue rechazado. Se trata de una herramienta excepcional de la que solo puede hacer uso el presidente ante una «situación de interés», por la que puede ordenar una «coordinación reforzada» de las fuerzas de seguridad bajo la dirección del Gobierno.

Si se aplica en Cataluña, los Mossos d’Esquadra estarían forzados a colaborar con la Guardia Civil y la Polícia Nacional a las órdenes del Ejecutivo. En la práctica, el cuerpo autonómico quedaría integrado y bajo el mando del Gobierno central, que debería nombrar una «autoridad funcional» que daría órdenes a todas la policía de la Generalitat.

Real decreto / La aplicación de la ley de seguridad nacional sería mucho más rápida que la del 155, pues bastaría con un real decreto del presidente del Gobierno en funciones que ni siquiera sería necesario que pasara por el Consejo de Ministros. Es decir, se podría aprobar en cuestión de horas sin tener que pasar por requerimientos a la Generalitat ni requerir la aprobación de unas Cortes que ahora están disueltas.

Otra diferencia significativa respecto al 155 es que esta normativa no implicaría la suspensión del autogobierno catalán ni la intervención de las cuentas de la Generalitat.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, puso ayer en valor «la responsabilidad» con la que el Gobierno sigue y seguirá los acontecimientos en Cataluña, de manera que estará listo para adoptar la decisión adecuada «en la forma oportuna y en el momento en que sea preciso». Pero puntualizó que para ello tiene que estar clara la ruptura del ordenamiento jurídico.

EL ARTÍCULO 155 / Desarrollar el 155 necesitaría el aval del Senado, Cámara que al estar disuelta, como el Congreso, se ha reducido a la Diputación Permanente. Este órgano podría asumir el trámite. Uno de los líderes políticos que con más énfasis ha demandado la puesta en marcha de ese artículo de la Constitución es el de Ciudadanos, Albert Rivera, aunque su prioridad estos días ha girado a la moción de censura que su partido presentará en el Parlament de Cataluña contra el presidente catalán, Quim Torra.

La formación naranja está buscando los apoyos que permitan que triunfe, en lo que el PSC es fundamental. Los socialistas catalanes han descartado el respaldo (se decantan por la abstención), y por ello, Rivera advirtió a Sánchez de que si no la apoya, «es imposible que se recupere el diálogo». Rivera abogó por no desentenderse de lo que sucede estos días en Cataluña. Por su parte, Miquel Iceta, secretario general del PSC, aseguró ayer que la moción de censura solo fortalecerá a Torra.

Sobre este asunto, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado que «algunos están deseando decir que vuelve ETA a Cataluña», lo que a su entender es una «banalización» del terrorismo.