La Eurocámara se ha destacado por una firme defensa de los derechos de los trabajadores, frente a los proyectos ultraliberales de la Comisión Europea (CE), como la propuesta inicial para liberalizar el sector de servicios, conocida como directiva Bolkestein. Ese proyecto hubiera abierto la vía para el dumping social, la rebaja de los salarios y el recorte de los derechos laborales y de la protección social.
Bruselas revisó la iniciativa, que cambió sustancialmente para suprimir los puntos más conflictivos, como la denominada cláusula del país de origen. Este principio permitía a cualquier empresa de la UE prestar servicios en cualquier Estado miembro rigiéndose por la legislación laboral del país de origen, sin tener que cumplir las leyes laborales y sindicales del país de destino.
El Parlamento Europeo estableció que las empresas de servicios deberán someterse a la legislación laboral y social del Estado en que presten actividades y que esa norma primará sobre la del país de origen. Estableció además una lista de actividades excluidas, como la sanidad, los servicios sociales, las empresas de trabajo temporal, las empresas de seguridad, los servicios financieros, las apuestas y loterías, y los servicios audiovisuales y portuarios.
