Punto de partida. El alto el fuego de ETA no es el resultado de una evolución interna del pensamiento político y del posicionamiento estratégico de la banda, sino el fruto obligado de la confluencia sostenida de tres factores externos:

Primero. La imposibilidad material de lograr sus objetivos. Ni el logro de la independencia de Euskadi ni la implantación de un Estado socialista están al alcance de ETA por los medios que utiliza, que no son de recibo en el contexto del desarrollo de su acción violenta.

Segundo. La represión policial y judicial, acentuada por la política del PP (pacto antiterrorista y ley de partidos, en especial). Debe reconocerse el éxito de esta acción, pese a las reservas que se hayan podido sostener frente a la ley de partidos.

Tercero. La trivialización comparativa del nivel de la violencia etarra. Así, y aunque sea terrible entrar en este tipo de ponderaciones, ¿qué significa, desde el punto de vista de su repercusión mediática y de su incidencia política, el asesinato de una o varias personas, frente a acciones de una dimensión enorme como la del 11-S del 2001 o la del 11-M del 2004?

La negociación. El alto el fuego de ETA ha de tener una respuesta definida por parte del Gobierno. Tres son las coordenadas que marcan el terreno para la respuesta: no se puede pagar un precio político por la paz, ni suspender en ningún punto la vigencia del ordenamiento jurídico, ni menoscabar la dignidad de las víctimas.

Sobre esta base, parece claro que la negociación entre el Gobierno y ETA debería girar solo, de entrada, sobre un posible acuerdo en el que el cese de la violencia y la entrega de las armas por parte de ETA tuviese como contrapartida por el Gobierno la legalización de Batasuna, así como medidas de gracia para los presos de ETA, primando a quienes no tengan las manos manchadas de sangre.

Solo una vez cerrado con éxito este acuerdo de la "mesa sobre armas y presos" sería posible constituir otra mesa --"mesa política"-- en la que todos los partidos debatiesen el futuro de Euskadi. En el bien entendido de que esta segunda mesa tampoco podría partir de cero. Un Estado es, en esencia, un sistema jurídico; y ha de respetar sus leyes por ser estas la expresión de su ser, por lo que, si las incumple, se niega a sí mismo. De ahí que esta mesa debería partir de normas existentes y proceder según ellas. Lo que no implica cerrar el paso a considerar cualquier tema, incluido el derecho de autodeterminación.

El límite infranqueable. Es evidente que todo este proceso negociador solo será posible si las normas jurídicas positivas que constituyen su marco legal son interpretadas de acuerdo con "la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo básicamente al espíritu y a la finalidad de aquellas", como dispone el artículo 3.1 del Código Civil. La norma jurídica no es un dogma intangible, sino un precepto que ha de ser aplicado prudencialmente al caso concreto por resolver. Ahora bien, existe un límite que una interpretación flexible y una aplicación prudencial no pueden sobrepasar jamás. Este límite es el perjuicio de terceros. Y, en el caso que nos ocupa, los terceros son las víctimas del terrorismo. Lo que no significa que las víctimas puedan condicionar el futuro y el alcance de la negociación; pero sí implica que esta ha de desarrollarse sin infringir el orden jurídico al que aquellas fueron fieles hasta el extremo. No hacerlo así sería tanto como dilapidar su legado.

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero suele invocar la tradición republicana. Pues bien, la esencia de esta tradición es la observancia de la ley, que a todos nos hace libres y nos iguala. Porque la ley --como se decía en la antigua Roma-- vincula tanto a quien manda como a quien obedece, de modo que en ella se halla el fundamento último de la libertad de los ciudadanos y la dignidad de los gobernantes.