Garikoitz Etxeberria y Asier Larrinaga, los dos supuestos etarras relacionados con los 240 kilos explosivos hallados en Amorebieta y Atxondo, han sido entregados por Francia a España, para que sean juzgados por estos hechos y por los delitos que hayan podido cometer en el país galo.
De esta forma, se convierten en los primeros presuntos activistas de ETA a quienes se les aplica el mecanismo de denuncia oficial, para que sean juzgados en España también por los delitos que pudieran haber cometido en Francia.
Los dos supuestos etarras fueron entregados en la frontera entre ambos países y luego conducidos a la Audiencia Nacional, donde, según fuentes jurídicas, el juez Juan del Olmo les comunicó las órdenes de prisión que en su día dictó contra ellos, cuando cursó a Francia las euro-órdenes por tráfico de explosivos, falsificación de matrículas de coche y pertenencia a organización terrorista.
Etxeberria y Larrinaga comparecieron ante Del Olmo por encontrarse de guardia esta semana en la Audiencia Nacional y por ser además el encargado de la investigación abierta en este tribunal a raíz del descubrimiento de un "zulo" en Amorebieta (Vizcaya) descubierto el pasado 23 de diciembre y de los explosivos hallados en enero en el valle de Atxondo.
Una vez comunicada la orden de ingreso en prisión, está previsto que el juez les tome declaración la próxima semana para preguntarles por su presunta relación con el almacenamiento de estos explosivos.
Esos hechos tienen mayor calado judicial y penal que las imputaciones que podrían haber sido dictadas contra ellos si se hubiese abierto un sumario en Francia, por lo que la Justicia francesa ha preferido inhibirse en favor de la española.
El delito de asociación de malhechores con fines terroristas sólo podría haber sido imputado a Etxeberria, que llevaba una pistola y documentación falsa, pero difícilmente a Larrinaga, pues no estaba armado e iba indocumentado.
En un principio, a Etxeberria y Larrinaga se les vinculó con el atentado que ETA perpetró el pasado 30 de diciembre en el aeropuerto de Madrid-Barajas en el que murieron dos personas y que supuso la ruptura del alto el fuego declarado por la banda terrorista el 22 de marzo de 2006.
Sin embargo cuando el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga este atentado, preguntó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si existía esa relación la contestación que recibió fue que "no consta".
