El que fuera el "número uno" de ETA Mikel Albisu, "Mikel Antza", y su compañera y responsable de las finanzas, María Soledad Iparraguirre, "Anboto", son juzgados a partir de mañana en Francia junto a los que resultaron imputados con ellos a raíz de una de las mayores operaciones contra la banda terrorista en octubre de 2004. Nueve personas en total van a sentarse en el banquillo de los acusados del Tribunal de lo Criminal de París, en un macro-proceso programado hasta el 17 de diciembre. Junto a Iparraguirre y Albisu (ambos de 49 años) comparece también el que se presenta como el ex responsable de los escondites de armas y explosivos de la organización terrorista, Juan Cruz Maiza (59 años). Los otros seis son los propietarios de las casas o de las explotaciones agrícolas diseminadas por el País Vasco francés en las que las fuerzas del orden encontraron algunos de los mayores arsenales de armas y explosivos requisados a ETA, que llevaban años sirviendo para el abastecimiento de los que cometían los atentados. La operación del 3 de octubre de 2004 fue considerada histórica para la lucha antiterrorista. Ese día "Mikel Antza", considerado desde hacía muchos años el jefe político de ETA, fue capturado junto a "Anboto", la presunta tesorera de la banda, en una casa de Salies de Béarn en la que vivían desde junio de 1999 con el hijo de ambos. La casa fue un filón para la policía, que intervino no sólo material utilizado en la vida diaria de los etarras (coches robados, documentación falsa, armas, 21.000 euros en efectivo) sino, sobre todo, la documentación que manejaban la cúpula de la organización. Esos documentos, además de aclarar la estructura interna y el funcionamiento de ETA, sirvieron para la inculpación de la pareja, en particular como dirigentes terroristas, al considerarse que Albisu, jefe político, participaba en las grandes decisiones estratégicas con los dirigentes de los principales aparatos. También de ahí se dedujo que participaba en la gestión de fondos -por las anotaciones contables de su puño y letra-, aunque fuera Iparraguirre la que desde comienzos de los años 2000 llevaba el peso de las misiones de supervisión de la tesorería. "Anboto", antigua responsable de los comandos "legales" de la banda, había pasado a ocuparse entre otras cosas del reparto mensual del presupuesto entre los diferentes aparatos, controlaba los gastos y las entradas de fondos a través de las operaciones de extorsión a empresarios vascos y navarros. También esta acusada ante el tribunal de haber dado instrucciones sobre esas operaciones de extorsión, redactar ella misma las cartas de amenaza y tener en su poder dinero del cobro del llamado "impuesto revolucionario". Iparraguirre había sido condenada en rebeldía antes de su captura en tres ocasiones en Francia por terrorismo, en cada una de las tres a cinco años de cárcel y a su expulsión definitiva del país. La justicia francesa también sentenció en ausencia en julio de 2005 a nueve años de cárcel y a la expulsión del país a Maiza Artola, que fue finalmente arrestado en julio de 2007 en un piso franco de Rodez (sur de Francia), que compartía con Iker Iparraguirre y Galder Bihotz. En su caso, ahora se le inculpa de haberse ocupado, a instancias del jefe de la logística Félix Ignacio Esparza Luri de la gestión de los grandes escondites de armas y explosivos de ETA desde la caída del Asier Oyarzábal en septiembre de 2001. Igualmente está acusado en este sumario por otro escondite que la policía había descubierto en julio de 2002 en Rivière Saas et Gourby, en las Landas. En total, se le atribuye haber tenido bajo su control cientos de kilos de productos explosivos procedentes sobre todo de robos de empresas del sector en Francia cometidos por comandos de ETA, decenas de granadas y proyectiles, cientos de fusiles, metralletas o pistolas, e incluso un misil tierra-aire de fabricación soviética, entre muchos otros materiales y documentación.