La exministra de Fomento y exconsejera de Economía de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez presta declaración este martes como imputada por prevaricación y malversación en el caso de los ERE que investiga la concesión de ayudas arbitrarias e irregularidades en los expedientes de regulación de empleo. Álvarez goza del correspondiente derecho constitucional a no declarar aunque fuentes cercanas a ella han manifestado que la exministra ha decidir contestar a las preguntas que le formule la jueza del caso, Mercedes Alaya.
Fue a comienzos del pasado julio cuando la juez Alaya emitió unauto en el que anunciaba un "paso cualitativo" en la instrucción del caso con la imputación de 20 cargos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos Álvarez. En aquel auto figuraba también la imputación del entonces viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos entre el 2002 y 2009, Antonio Vicente Lozano Peña, del exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, o los exviceconsejeros de Economía y Hacienda, José Salgueiro; de Innovación, Ciencia y Empresa, Jesús María Rodríguez y Gonzalo Suárez; y de Empleo, Justo Mañas.
"Responsables de mayor escala"
En ese auto, la jueza señalaba que la exministra fue la persona que dictó en el 2003 las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, algo "absolutamente inadecuado para su uso como subvenciones sociolaborales", como recoge el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas.
Vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones desde junio del 2010, Álvarez fue ministra de Fomento en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero entre el 2004 y el 2009 y consejera andaluza de Hacienda en el Ejecutivo de Manuel Chaves entre 1994 y el 2004.
La juez Alaya reiteró la semana pasada su convicción de que el sistema de los ERE fue diseñado por "responsables de mayor escala" de la Junta que el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, principal imputado, ya que considera que el procedimiento respondía a una decisión política y que se creó "indiciariamente, en vía presupuestaria".
