La decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de procesar a tres altos mandos policiales por su presunta implicación en el caso Faisán, que investiga un chivatazo a ETA en el 2006, ha causado malestar en las organizaciones policiales. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha calificado de "vergüenza" la imputación del jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y del inspector José María Ballesteros, mientras que la Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado que en el caso hay una "responsabilidad política" que deben asumir quienes dirigían entonces el Ministerio del Interior, en alusión a Alfredo Pérez Rubalcaba y al entonces secretario de Estado para la Seguridad, Antonio Camacho. El SUP, a través de su Comisión Ejecutiva Nacional, ha asegurado que tanto Pamiés como Ballesteros tienen una "dilatada hoja de servicios en la lucha antiterrorista" por lo que rechazan que se les haya imputado por el soplo a ETA. Asimismo, esta organización sindical sostiene que el caso Faisán es "un procedimiento injusto que vulnera derechos constitucionales". El sindicato reclama a la justicia que aclare puntos oscuros que a su juicio existen respecto al inspector jefe Carlos Germán, que fue el encargado de investigar el caso Faisán dentro de la propia Policia Nacional. En primer lugar, el SUP se pregunta por qué se designó a Carlos Germán para este proceso interno sobre el soplo a la banda etarra,"cuando su homólogo por parte de Francia era un comisario". Además, este sindicato se pregunta por las "razones" que llevaron a la designación de este policía como "perito" ante el juez Baltasar Garzón, que fue el primer instructor de la causa. Según el SUP, al ser nombrado perito, los informes de Carlos Germán "no tenían que ir avalados por pruebas, sino que el mismo informe policial era una prueba". Por su parte, la CEP ha insistido en reclamar responsabilidades políticas. El portavoz de la entidad, Lorenzo Nebreda, ha señalado que aunque pueda haber una "responsabilidad policial" en el chivatazo a ETA, en la Policía Nacional "no se toma una decisión de cualquier calado a nivel terrorista sin que el secretario de Estado y el ministro del Interior tengan conocimiento". Ha aludido así a Rubalcaba y a Camacho que, cuando se produjo el chivatazo a la banda en el 2006, eran ministro del Interior y secretario de Estado respectivamente.