Baltasar Garzón sostiene que Udalbiltza ha podido cometer un delito de malversación de caudales públicos por haber dispuesto "de cantidades de dinero pertenecientes a los presupuestos ordinarios de diversos ayuntamientos del País vasco y Navarra controlados por Batasuna para financiar a ETA". Por ello, también le imputa un delito de colaboración con banda armada. Y desvela que va a investigar y analizar "las cuentas y presupuestos para concretar otras responsabilidades penales".
Asimismo, el juez sostiene que ETA ha buscado otras formas de financiación por lo que ha utilizado el Euskal Garapan Eta Kohesio Fondoa, el fondo vasco para conseguir subvenciones del proyecto Xiberoa 2010, financiado por la UE con un presupuesto de 21.700.000 euros. Por ello, el magistrado decreta la suspensión de la actividad de esa entidad, al ser una estructura legal.
