Carpetazo. El juez Fernando Grande-Marlaska considera que los errores en la identificación de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 en mayo del 2003 no son delictivos porque los fallos en los certificados de defunción fueron "inanes, inocuos e intrascendentes". Con este argumento, el magistrado ha archivado la investigación que se inició contra tres militares. El fiscal pidió, el pasado 31 de octubre, que se juzgara por falsedad al general de sanidad Vicente Navarro, al comandante médico José Ramírez y al capitán médico Miguel Sáez.

Los hechos se remontan al 26 de mayo del 2003, cuando 62 militares que eran trasladados desde Afganistán en un Yak-42 ucraniano murieron en un accidente áereo en Turquía. El mismo día, una comisión de oficiales españoles se trasladó al país para hacer las autopsias. Dos días más tarde, Turquía autorizó la repatriación de los fallecidos. Tras los funerales se procedió a las exhumaciones de 30 de ellos al "existir dudas razonables sobre su correcta identificación". Los estudios de ADN lo confirmaron.

ACTAS VALIDAS Pese a ello, el juez niega que los militares que firmaron los informes de autopsia y los certificados de defunción hayan cometido un delito, ya que el "error en la identificación" no afecta a "elementos esenciales" del documento. Para el juez, las actas de defunción son válidas si "acreditan la causa de la muerte así como el hecho mismo del fallecimiento en la fecha y lugar que se dice".

Durante la instrucción, el general Navarro se declaró responsable de los fallos de identificación. Por ello, se les tuvo que realizar estudios genéticos que han causado "concretos daños morales" al exigir la exhumación de los cuerpos. Pero el juez estima que este perjuicio no se puede elevar a la categoría de delito, si bien fue "grave". Con su decisión, Marlaska cierra los procesos iniciados por el accidente, ya que también exculpó al PP por la contratación del Yak-42.