El juez Fernando Grande-Marlaska sorprendió ayer a todos al abrir de oficio una investigación sobre las circunstancias que rodean el atentado que costó la vida a seis militares del Ejército español e hirió a dos en el Líbano. El magistrado tomó esta decisión tras leer la noticia en los medios de comunicación. Fuentes jurídicas apuntan que el juez desea indagar una posible negligencia del Gobierno por no haber dotado de inhibidores a los blindados del Líbano. Defensa informó ayer de que ningún país con tropas en la zona dispone de esos dispositivos y adelantó que España instalará "inmediatamente" los que ha adquirido.
La primera medida ordenada por el juez fue prohibir la incineración de los cadáveres de los seis fallecidos por si es necesario practicarles una segunda autopsia. La orden no impidió que Jeyson Alejandro Castaño --una de las tres víctimas de Colombia-- fuera repatriado a su país.
LA JUSTIFICACION El magistrado basa su decisión en el artículo 23.4 de la ley orgánica del poder judicial que establece que la Audiencia Nacional es competente para investigar hechos acaecidos fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse como terrorismo. Por ello, reclamó a Defensa y Exteriores que le envíen los informes sobre el ataque. La misma petición realizó al juzgado togado militar. La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) pidió personarse como acusación popular en este sumario. Esta asociación nació hace dos años para reclamar mejoras al Gobierno.
El juez se negó a facilitar a los medios su resolución. Fuentes fiscales defendieron la actuación para comprobar que el ataque fue un acto terrorista perpetrado por Al Qaeda. Y recordaron que no es la primera vez que la Audiencia Nacional abre diligencias por un atentado contra militares españoles en el extranjero. Ya lo hizo en el 2003 el juez Fernando Andreu con los siete agentes del CNI muertos en Irak.
Se da la circunstancia de que Grande-Marlaska archivó hace un mes la investigación abierta por el accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles en mayo del 2003. Para el juez, la actuación del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, fue correcta, ya que el siniestro se produjo por la impericia de los pilotos, que no habían recibido la formación necesaria para aterrizar en zonas rocosas. La Asociación de familiares del Yak-42 cargó ayer contra Grande-Marlaska.
El Ministerio de Defensa salió al paso de las críticas recibidas al saberse que el vehículo que sufrió el atentado no disponía de inhibidores de frecuencia. Según el departamento de José Antonio Alonso, ninguno de los países con tropas en la zona dispone de estos artefactos que sirven para neutralizar las bombas a distancia. Mediante un comunicado, Defensa explicó que los servicios secretos advirtieron de la posibilidad de que las tropas sufrieran un atentado, pero señalaron que era más probable un ataque suicida que un artefacto explosivo activado a distancia.
Asimismo Defensa justificó que se primara Afganistán a la hora del reparto de inhibidores. En este país las tropas internacionales han sufrido más de 1.000 ataques con este tipo de bombas, mientras en el Líbano no hubo ninguno hasta el domingo. Aún así, el ministerio subrayó que la orden de colocar inhibidores en los vehículos de Oriente Próximo se tomó una semana después de que la misión española iniciara sus actividades y se comprometió a que los dispositivos se colocaran "inmediatamente".
UTILIZACION DEL ATENTADO Las primeras investigaciones sobre el atentado señalan que los terroristas usaron 70 kilos del potente explosivo C4 y que lo planearon entre tres y cinco personas durante unos 10 días. El presidente del Gobierno responderá hoy a una pregunta de Mariano Rajoy en el Congreso sobre las medidas de seguridad de las que disponen las tropas españolas desplegadas en el Líbano en la misión de la ONU. Varios partidos políticos lamentaron que el PP esté utilizando el atentado contra el Gobierno.
