Parecía difícil que las declaraciones judiciales acordadas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena aportaran algo nuevo a lo que se sabía del procés. De ahí la sorpresa que suscitó ayer la manifestación que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, hizo ante el magistrado relativa a que al ver la violencia que se estaba produciendo el 1-O pidió al entonces presidente, Carles Puigdemont, suspender la votación durante una reunión en la participaron los partidos soberanistas. El expresident lo descartó al entender que con el número de personas presentes en los colegios electorales sería complicado llevarlo a cabo.

Y su abogado, para oponerse a la prisión provisional que la acusación popular que ejerce Vox solicitaba para ella, esgrimió que sopesó no concurrir a las elecciones del 21-D, pero descartó hacerlo para no dejar su partido descabezado, ya que el cabeza de lista, Oriol Junqueras, se encuentra en prisión. También señaló que su encarcelamiento supondría «un empeoramiento de la situación política». Finalmente el juez optó por dejarla en libertad con fianza de 60.000 euros, a aportar en un plazo razonable, en la línea planteada por la Fiscalía, a la que se adhirió la Abogacía del Estado.

Por su parte, la coordinadora del PDECat, Marta Pascal, para la que nadie solicitó medidas cautelares, declaró que comentó en Bruselas al expresident que lo ocurrido en los últimos meses demostraba la necesidad de apostar por vías legales, que pasan por la Constitución y el Estatut, para lograr la independencia. A preguntas del abogado del Estado, Edmundo Bal, dijo que Puigdemont no se mostró de acuerdo con su apreciación y acabaron discutiendo.

A las puertas del Supremo, una amplia comitiva formada por las ejecutivas de ambos partidos, así como por los parlamentarios en Madrid, tanto diputados como senadores, aplaudieron su salida. El lazo amarillo, ya un clásico cada vez que acude a declarar un dirigente independentista, tampoco faltó esta vez.

La Asamblea Nacional Catalana hará frente a la fianza de la líder republicana con los fondos de la caja de solidaridad, como ha hecho con otros imputados. La de Marta Rovira es la segunda fianza más baja impuesta para los considerados líderes del proceso independentista; solo los miembros de la Mesa tuvieron que pagar 25.000 euros, mientras que la que era su presidenta, Carme Forcadell, pasó una noche en prisión hasta abonar los 150.000 euros impuestos. El magistrado, que dará a conocer hoy sus argumentos, adelantó a las partes que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, como parece lógico teniendo en cuenta que la comparecencia de Rovira se produjo dos meses después de ser imputada. El único riesgo que el juez entendió que podía existir es el de reiteración delictiva, pero tan atenuado que con una exigua fianza queda conjurado.

DESVINCULARSE DE LA GESTIÓN / Rovira se desvinculó de la gestión de la organización del referéndum, al ser preguntada sobre una llamada intervenida en la que le pidieron un listado de colegios donde votar el 1-O. Y también de los trámites legislativos de las leyes de transitoriedad y de la consulta aprobadas por el Parlament y suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Sí dijo que intentó asistir a todas las reuniones a las que le convocó el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, aunque no supo precisar a cuáles al ser preguntada en concreto por aquellas en las que le sitúan los informes de la Guardia Civil y por las que le atribuye un puesto clave en el comité estratégico del procés. Restó trascendencia a la agenda del que era número dos de Junqueras en Economía, Josep Maria Jové, en la que se reflejaron esos encuentros, al sostener que él apuntaba según su propia percepción de lo que ocurría.

Aunque el magistrado no hizo ninguna pregunta sobre los planes futuros del independentismo, los representantes de la fiscalía, la exfiscala general del Estado Consuelo Madrigal y el fiscal Jaime Moreno, sí lo hicieron. Rovira que evitó responder y se limitó a decir que a su entender tanto la Constitución como el derecho internacional permiten que los catalanes sean consultados.

Tanto ella como Pascal mantuvieron que «la declaración de independencia era una manifestación política sin efectos jurídicos para iniciar un periodo electoral posterior». También coincidieron en desmarcarse de la violencia. Rovira dijo que no estaba de acuerdo con ella y Pascal utilizó la expresión de que le «disgusta».

La líder de ERC, que admitió haber firmado en nombre de su partido la hoja de ruta de marzo del 2015, suscrita por las formaciones soberanistas bajo la presidencia de Artur Mas, explicó que se reunió con el expresidente Puigdemont en Bruselas para tratar de evitar el bloqueo del Parlament, aunque finalmente la sesión de investidura prevista para enero no se celebró al ser suspendida cautelamente por el Constitucional. Después, las reuniones en Bruselas las celebró la comisión creada al efecto y ella no volvió.