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Citas con las urnas Páginas 64 y 65

Más de 400 millones de euros para sufragar el ‘superaño’ electoral

Las subvenciones para los partidos políticos superarán el centenar de millones de euros. Del fondo de contingencia se usarán 240 millones para las autonómicas y 173 para las generales

 

Pedro Sánchez (centro), en la presentación de la precampaña, el 19 de febrero en Madrid. - DAVID CASTRO

Pablo Casado (centro), con miembros de su partido en Alcalá de Henares (Madrid), ayer. - EFE / FERNANDO VILLAR

Miriam Ruiz Castro
04/03/2019

La última vez que se celebró la fiesta de la democracia pesó la factura. La falta de acuerdo entre los políticos obligó a repetir la cita con las urnas apenas unos meses después... y a volver a correr con los gastos a cuenta de las arcas públicas. Este será el año con más elecciones de la historia democrática: nunca antes habían coincidido municipales, generales, europeas y autonómicas. Los costes de las tres primeras corren a cuenta del Estado, a través del Ministerio del Interior, mientras que el pago de las últimas lo hará cada comunidad.

Antes de que Pedro Sánchez convocara las generales para el 28 de abril, los presupuestos del Estado para el 2019 ya incluían una partida de casi 303 millones de euros para procesos electorales: 1,1 millones para gastos de personal, 176,8 para material y suministros (urnas, papeletas, cabinas...), 61.710 euros para estudios y 124,9 para los partidos, que multiplican las subvenciones que reciben en cada cita con las urnas.

Pero el Congreso tumbó las cuentas del Gobierno, dejando prorrogados los del 2018, año sin más comicios que los autonómicos en Andalucía y que solo contemplan para la partida electoral 62,8 millones. El Ejecutivo ha tenido que echar mano de autorizaciones de ampliación de crédito vía Consejo de Ministros. Ya ocurrió en el 2016 para la repetición de los comicios.

A mediados de febrero, el Gobierno aprobó un desembolso de 176,8 millones para la organización de las municipales y europeas, y de 63,3 para las subvenciones a los partidos. Estos 240 millones saldrán del fondo de contingencia, reservado para imprevistos. Para las generales de abril, el Ejecutivo autorizó el viernes pasado otros 173 millones: 134,8 para preparativos y 38 para las formaciones políticas. En total, casi 413 millones de euros para el año más electoral.

Las elecciones del 20-D del 2015 contaron con un presupuesto de 130 millones, además de los 55,3 que gastaron los partidos en las campañas y que recibieron después como subvenciones. Para la repetición del 26-J, a los partidos se les pidió que fueran más austeros, pero ni siquiera en esto lograron ponerse de acuerdo. Gastaron unos diez millones de euros menos, pero se dejaron 18 en propaganda electoral.

Para el 28-A están previstos 38 millones en subvenciones a partidos, pero el coste final dependerá de lo que acaben gastando realmente y de la representación que obtengan en los comicios. Los costes de organización apenas variaron en el 2015 y el 2016, y los de estas legislativas serán similares, 134,8 millones, aunque algunos podrían haberse ahorrado de haberlas hecho coincidir con el resto de comicios.

El pedazo que se llevan los partidos es independiente de la fecha de las elecciones, por lo que el dinero de subvenciones no entiende de superdomingos. De los 134,8 millones de gastos en preparativos, uno de los que podría haberse ahorrado es el que se destina a pagar al personal administrativo y el dispositivo de seguridad, que tendrá que duplicarse para ambos comicios.

La partida destinada a envío electoral también podría haberse visto reducida. Además de cubrir el voto por correo sufraga el franqueo de propaganda electoral de los partidos, que podrían haber concentrado en uno los dos envíos. Menos posible parecía ahorrar en logística: las urnas, las papeletas o los sobres que ocuparán las mesas electorales también son independientes de un superdomingo.

Las papeletas las fabrican las delegaciones del Gobierno, que tratan de ajustar el número de impresiones para evitar que la mayoría acabe directamente en la basura. Interior constató en las elecciones del 2011 que eso es lo que ocurría con el 90%.

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