El año político en Cataluña cerrará con la concreción por parte del gobierno de Artur Mas (CiU) de su apuesta soberanista en forma de una consulta de autodeterminación para el 9 de noviembre de 2014 que el Gobierno no autorizará por considerar que incumple el marco constitucional.

Artur Mas logró esta semana un acuerdo a contrarreloj con ERC, ICV-EUiA y la CUP para celebrar una consulta en la que se preguntará a los ciudadanos si desean convertir Cataluña en un Estado y, en caso de respuesta afirmativa, si este debe ser independiente.

Con esta fórmula, Mas ha logrado cumplir su compromiso con ERC y, a cambio, obtener su apoyo para aprobar los presupuestos de 2014, un escenario que deja abierta la posibilidad de una entrada de los republicanos en el gobierno de CiU.

A su vez, el Gobierno de Mariano Rajoy ha reiterado que no autorizará dicha consulta porque es inconstitucional y porque la soberanía nacional es propiedad de todos los ciudadanos españoles.

Rajoy, que mantiene sin fisuras esta posición desde que Mas lanzó su pulso en 2012, la reafirmó tras conocerse la fecha de la consulta en presencia del presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, quien advirtió por su parte que una declaración de independencia convertiría a Cataluña en un tercer Estado respecto a la UE y, por lo tanto, "no se le aplicarían los tratados".

También el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, mostró su respaldo a Rajoy en esta cuestión al subrayar que los socialistas no están de acuerdo con esta consulta y advertir a Mas de que está llevando a Cataluña a un callejón sin salida.

Descontado el rechazo del PPC y de Ciutadans -cuyo líder, Albert Rivera, tantea saltar a la política nacional- la cuestión soberanista ha suscitado intensos debates en CiU, PSC e ICV-EUiA.

El "año uno" de la alianza CiU y ERC tras las elecciones de 2012 ha sido, al menos en términos demoscópicos, más rentable para Oriol Junqueras (ERC) que para Mas, y CDC y UDC -a la baja en los sondeos- han vivido más desencuentros por la cuestión soberanista que en toda la última década, incluida la travesía del desierto en la oposición.

Josep Antoni Duran Lleida, líder de Unió, abogó por una "tercera vía" que permita desencallar el diálogo entre la Generalitat y el Gobierno, si bien CDC da por amortizada esta solución.

La consulta -en su fondo y en su forma- ha sido el hilo conductor que ha puesto a prueba la cohesión interna de los partidos de la izquierda catalana, llevando, en el caso del PSC de Pere Navarro, a defender el derecho a decidir frente al PSOE y a la vez enfrentarse a su sector crítico descolgándose del plan soberanista de Mas.

Navarro logró finalmente el apoyo mayoritario del PSC para apartarse del plan soberanista por entender que cualquier consulta debe ser autorizada por el Gobierno y apostar, con el aval del PSOE, por el federalismo y no por la independencia.

También ha vivido un intenso debate ICV, partidario del "derecho a decidir" pero con alma federalista, y su concurso resultó clave para que Mas pudiera exhibir, tras el descuelgue del PSC, una mayoría parlamentaria de 87 diputados de los 135 del Parlament.

A todo ello se suma la presión de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), plataforma independentista que organizó una masiva cadena humana en la Diada del 11 de septiembre y que había planteado que la consulta se celebrara antes del 31 de mayo de 2014.

Y es que el debate soberanista ha marcado la agenda política de 2013, que comenzó con la aprobación en enero por el Parlament de una declaración que otorgaba a Cataluña carácter de "sujeto político y jurídico soberano" con el apoyo de CiU, ERC, CUP e ICV-EUiA.

La agenda soberanista cumplió con su "hoja de ruta" con la creación en febrero del Consejo Asesor para la Transición Nacional -un órgano colegiado que asesora al Ejecutivo en el proceso de la consulta soberanista- y la convocatoria del Pacto Nacional por el derecho a decidir, sin el concurso del PSC, PPC ni C's.

Asimismo, en octubre el pleno del Congreso aprobaba una moción de UPyD con el apoyo del PP y del PSOE y la abstención del PSC que proclamaba que el "derecho a decidir" es de todo el pueblo español.

Se trataba de la segunda vez en un año en la que el PSC rompía la disciplina de voto del grupo socialista en el Congreso, un hecho inédito que evidencia hasta qué punto el proceso soberanista está tensando la cuerda en el debate político catalán y español.

Otro episodio legislativo, en este caso en el Parlament, fue la aprobación en septiembre de una resolución del mismo bloque que urgía llevar al Congreso la reclamación de una consulta en Cataluña y fijar antes de final de año la fecha y la pregunta del referendo.

Por el camino quedó un intercambio de cartas entre Mas y Rajoy, en las que el primero instaba al "diálogo" y la "negociación" para una consulta "pactada en el plazo más breve posible", mientras que el segundo le respondía apelando a la "lealtad institucional", la "legitimidad democrática" y el "diálogo".

También hubo lugar para que la Generalitat enviara al Gobierno un informe sobre "deslealtades" presupuestarias, así como para roces protocolarios en actos públicos y polémicas en torno a la celebración, esta misma semana, de un simposio con el título de "España contra Cataluña".

Y con la bocina del fin de partido a punto de sonar, Mas logró el pasado jueves un pacto para la consulta que volverá a seguir marcando buena parte de la agenda política española de 2014.