"No es competencia de un presidente". Jaume Matas trató ayer, con técnicas diversas, de salir indemne del interrogatorio de más de 14 horas al que le sometió el juez José Castro, empeñado en aclarar el sorprendente enriquecimiento del expresidente balear y, también, si tras el enorme sobrecoste del velódromo Palma Arena, obra mayúscula de su último mandato, se esconde un posible caso de financiación ilegal del PP en las islas. De su declaración dependía anoche (al cierre de esta edición la decisión seguía pendiente) que Matas saliera libre sin cargos, opción con pocas apuestas a favor, o que se le impusieran medidas cautelares, de las cuales la más leve, aunque muy significativa, sería que se le retirara el pasaporte.

Matas dijo no estar al tanto de los pormenores con los que se encargó y ejecutó la obra. Se presupuestó en 48 millones de euros y costó al final 110 millones. El exdirigente popular volvió a responsabilizar a José Luis Ballester, director general de Deportes de su Ejecutivo, y a Jorge Moisés, gerente del velódromo, de la adjudicación de los contratos. Castro lo interrogó sobre la adjudicación sin concurso público de la obra a los arquitectos encargados de la construcción de la infraestructura, Luis y Jaime García-Ruiz. Entre los dos cobraron nueve millones de euros por la dirección. La Fiscalía sospecha que parte de este dinero fue a parar a Matas y al PP balear.

FINANCIACION IRREGULAR En el caso Palma Arena, según fuentes jurídicas, podría estar la llave para desmantelar la presunta financiación irregular del PP en las islas y el enriquecimiento de los Matas. "A través de las concesiones, recalificaciones y adjudicaciones de obras se monta un sistema para financiar ilegalmente el partido. El sistema también sirve para el interés personal. ¿Quién va a denunciarte si te quedas parte del dinero?", explicaban las mismas fuentes.

Matas, pues, negó, negó y negó. Lo hizo con todo tipo de fórmulas. Por ejemplo, rechazó que hubiera estado tras el pago de sobornos. "I la Mare de Déu, de nom Joana", llegó a replicar, en una clásica expresión mallorquina equivalente a un "de ningún modo".

El juez abordó también la cuestión de la agencia de comunicación Nimbus, propiedad de Miguel Romero. La empresa habría recibido 2,4 millones en contratos oficiales del Gobierno balear por las campañas del Mundial del Ciclismo en Pista (845.000 euros) y la gestión de la publicidad del evento (350.000 euros). Según las pesquisas, la empresa --que gestionaba también las campañas del partido, de Matas y del velódromo-- no facturó algunos servicios de la campaña electoral del PP. El lunes el cuñado de Matas negó haber abonado en dinero negro 71.058 euros a esta agencia.

El juez obtuvo negativas por parte de Matas, pero no solo eso. La primera sorpresa la tuvo nada más comenzar la sesión. El abogado del expresidente pidió la suspensión de la declaración porque dijo temer la existencia de micrófonos en la sala. La treta tuvo solo un resultado grotesco. El juez se limitó a trasladar la sesión a otra sala.

NULIDAD DE LAS ESCUCHAS Esa estratagema falló. Otra, no. Matas, aconsejado por su abogado, Rafael Perera, se negó a responder a las preguntas que tuvieran relación con las conversaciones intervenidas en su teléfono. Como si del caso Gürtel se tratara, reclamó su nulidad.

El fiscal anticorrupción Joan Carrau declaró a este periódico que toda la estrategia de la defensa de Matas solo persigue "ganar tiempo" mientras aumentan las críticas al sistema de escuchas telefónicas.