Jaume Matas, expresidente de Baleares y exministro de José María Aznar, tiene un plazo de 72 horas (festivos excluidos) para reunir tres millones de euros de fianza o irá a la cárcel. La cuenta atrás, pues, finaliza el miércoles. El juez de Palma de Mallorca José Castro recogió ayer, en un auto de 147 demoledoras páginas contra el exdirigente del PP, la mayor parte de los argumentos expuestos la semana pasada por el fiscal del caso. Matas es responsable, según el juez, del desvío de 41 millones de euros de las arcas públicas baleares solo con motivo de la construcción del velódromo Palma Arena.

Deja entrever el auto del juez que los desmanes de Matas pueden ir más allá en posteriores investigaciones, pero, de entrada concluye no solo que el expresidente balear ha acumulado un patrimonio imposible con sus ingresos, sino que la trama investigada durante más de 20 meses evidencia que el PP se financió en Baleares con dinero público, directamente en unos casos o, en otros, a través de empresas adjudicatarias de contratos del Palma Arena. Le imputa un total de 12 delitos que, sumados, podrían acarrear una pena de hasta 64 años de cárcel.

LA TRAMA La de Matas es la fianza más alta impuesta en España a un cargo público. Solo hay un antecedente de tal magnitud: el que fuera mano derecha de Jesús Gil en Marbella, Juan Luis Roca, al que el juez impuso en su día también tres millones de euros en el marco del caso Saqueo .

La trama sobre la que Matas, según el juez, organizó tan enorme pillaje tiene, curiosamente, algunas similitudes con la que Félix Millet y Jordi Montull emplearon para vaciar en beneficio propio las arcas del Palau de la Música de Barcelona. La excusa era construir el Palma Arena, una instalación de ciclismo en pista en la que tenía que celebrarse un campeonato mundial que, al final de la historia, jamás se consiguió.

Para ello, Matas constituyó una fundación, Illesport, en la que los miembros de la junta eran meras figuras decorativas, tanto que las reuniones ni siquiera se celebraban. Las actas se falsificaban. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando la junta decide solicitar 46,4 millones de euros para poner en marcha el proyecto Palma Arena sin saberse entonces, ni siquiera, cuánto costaría. La fundación dio paso después a un consorcio, pero incluso entonces todas las decisiones las tomaban Matas y el director general de Deportes, José Luis Ballester, saltándose cualquier trámite y control.

El juez discute en el auto cómo se seleccionó sin concurso al autor del primer esbozo del proyecto arquitectónico, Ralph Clemens Alexander Schürmann, y como éste pronto descubrió, para su asombro, los métodos de Matas. Escandalizado Schürmann por el sobrecoste de una parte de la obra, Ballester le llevó a un hotel para aclararle las cosas: "La reunión acabó con la claudicación de Schürmann al hacer patente Ballester que la decisión venía de arriba, al tiempo que con el índice señalaba el techo". A Schürmann le sucedió un equipo de arquitectos más fiel al matismo , los hermanos García-Ruiz Guasp, uno de los cuales reconoce ante el juez haber realizado además obras de reforma en la del PP.

El clímax de este capítulo, no obstante, es otro. Es la adjudicación de las obras a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). La empresa concurre al concurso con una oferta que rebaja el precio de salida en un 32%. Es, como recuerda el juez, "una baja temeraria", por lo que, ley en mano, debería ser rechazada. No solo se acepta y gana, sino que pasado ese trámite FCC comunica al Gobierno balear que al calcular los costes ha cometido un error infantil. Donde se suponía que sumaba kilos de acero debía haber calculado en realidad toneladas de acero. Es un error de 3,2 millones de euros que la empresa y el Gobierno balear deciden compensar con sucesivas correcciones al alza del precio de la obra. Muchos ejemplos pone el juez Castro sobre cómo se malgastó el dinero público en el Palma Arena o, peor, cómo se hincharon facturas de forma muy sospechosa.

EL DESPILFARRO Un caso es el videomarcador del centro deportivo. Costó 1,9 millones de euros. Se presentaron dos empresas al concurso que, una vez investigadas, resultaron ser prácticamente la misma. Otro caso es una factura que la UTE empresarial encargada de las obras tramitó al consorcio del Palma Arena. ¿Concepto? "Ayudas de carpintería en la pista". ¿Precio? "900.000 euros". "Esta brilla con luz propia", no se abstiene de subrayar el juez.

JOSE LUIS MORENO El auto del juez, queda claro ya, es un baile constante de cifras de varios ceros. La mayoría están vinculadas directamente al escándalo del Palma Arena, pero otras dejan entrever claramente que lo visto es solo la punta del iceberg. Como muestra, los 250.000 euros que en el empresario del espectáculo José Luis Rodríguez Moreno (José Luis Moreno en sus años de ventrílocuo) entregó en un sobre a Matas durante la gala de inauguración de la televisión balear (IB3) "como anticipo de una cantidad superior". El juez califica el pago de "soborno" y da por hecho que el empresario logró así la adjudicación de programas, pero ese sería otro caso judicial.

EL DESVIO AL PP Otra derivada del caso es: ¿Ha sido el PP beneficiario del desproporcionado gasto del Palma Arena? El juez sostiene que hay indicios que lo corroboran. El canal podría ser la empresa Nimbus Publicidad, adjudicataria de un contrato de 870.000 euros para la promoción del mundial de ciclismo. Para costear esa cifra, Nimbus recibe el patrocinio del propio Gobierno balear (queda acreditado el pago de 350.000 euros). La coincidencia, según el juez, se explica porque Nimbus pagaba en parte las campañas electorales del PP en Baleares. En el registro de la empresa se intervinieron jugosos documentos en los que queda claro que había órdenes de "no facturar determinados conceptos, en otros hacerlo a coste cero y en otros, en B". Al menos a través de Nimbus se intentaba borrar el rastro. No fue así en el mitin de la campaña electoral de mayo del 2007. En el mitin organizado por Matas para gloria de Mariano Rajoy en el Palma Arena, al menos dos facturas fueron cursadas directamente a la fundación Illesport, es decir, directamente a cargo de fondos públicos.

Los números no cuadran, dice el juez instructor del caso. Los Matas no solo vivían a todo tren. Adquirieron una lujosa vivienda en Palma, Can Sales Menor, 475 metros más jardín y terrazas, por un importe de 950.000 euros.

SIN REPARAR EN GASTOS En la rehabilitación, no repararon en gastos: 1.361.992 euros por la reforma. En Sa Colònia Sant Jordi, tienen otro piso del que intentaron convencer al juez que era de la madre de Matas. No lo lograron. Pero el caso más singular es el piso de Madrid. Según el juez, de forma "burda e inútil" trataron de engañarle al sostener que no llegaron a comprarlo porque Matas ganó las elecciones y, con el sueldo de presidente, no podía permitirse ese gasto. Le dijo al juez que solo era inquilino en alquiler. ¿Por qué su mujer iba a las reuniones de propietarios de la escalera? Porque ésta estaba apenada por no haberlo podido comprar, de modo que el portero y el resto de vecinos la trataban como si fuera dueña del piso. Al juez le molestó la treta.