La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado hoy que el Gobierno del PP ha apoyado "permanentemente" a las comunidades autónomas para que puedan cubrir los servicios sociales.
Mato ha hecho estas afirmaciones en el Pleno del Senado, en el que el senador de CiU Josep Lluís Cleries ha acusado al Ejecutivo de "asfixiar" económicamente a las autonomías, lo que afecta de forma directa a los ciudadanos y "pone en peligro" la continuidad del estado del bienestar.
La ministra de Sanidad ha reconocido que la situación económica ha provocado que el Gobierno haya tomado medidas impopulares pero eso, ha dicho Mato, no quiere decir que haya puesto en peligro el estado del bienestar porque las comunidades también son las responsables de mantenerlo.
En este sentido, ha señalado que, en plena crisis, el Gobierno ha destinado 178.771 millones de euros al gasto social y que de los 2.930 millones de euros del presupuesto del Ministerio de Sanidad para este año, 2.563 son para servicios sociales e igualdad, un 41 por ciento más que en 2012.
Ha subrayado que corresponde a las comunidades priorizar las políticas de gasto y que algunas de ellas en vez de invertir gran parte de su presupuesto en servicios sociales, los destinan "a otras cuestiones", que ha preferido "no entrar a valorar".
Así, ha señalado que algunas autonomías no han pagado facturas relativas a la sanidad o a los servicios sociales.
Ha defendido la reforma de la ley de la dependencia y ha recordado que en breve presentarán un plan estratégico para la infancia y la adolescencia, así como la ley general de discapacidad.
"Debería preguntarse por qué la Generalitat se encuentra en una situación económica tan desastrosa", le ha espetado la ministra a Cleries, quien ha considerado que en España "hay mucho ministerio para poca competencia".
Para el senador de CiU, el Gobierno "ha dimitido de sus responsabilidades" y le ha instado a aprobar partidas "más adecuadas" para las autonomías de forma que puedan cubrir el gasto en estas políticas.
Asimismo, ha señalado que si las CCAA aportaran para la financiación de la ley de la dependencia lo mismo que el Estado, el 54 por ciento de los beneficiarios no tendrían ni prestación, ni servicio.
