La Audiencia Provincial de Sevilla asestó ayer un duro mazazo al PSOE andaluz y, por extensión, a una década de gobierno socialista en la Junta de Andalucía con una contundente condena por el caso de los ERE fraudulentos a todos los exaltos cargos implicados, desde los expresidentes a los técnicos. Cuatro exconsejeros, tres exdirectores generales y dos exviceconsejeros, además del expresidente José Antonio Griñán, fueron condenados a entre 6 y 7 años de prisión por malversación, penas que no se ejecutarán de inmediato, dado que se recurrirán ante el Tribunal Supremo. El resto de procesados, como el expresidente Manuel Chaves, Gaspar Zarrías o la exministra Magdalena Álvarez, fueron condenados a 9 años de inhabilitación por prevaricación. Solo se salvó quien fuera interventor de la Junta, que se desgañitó, sin éxito, alertando del cúmulo de irregularidades y el «absoluto descontrol» con los fondos públicos que certifica el veredicto.
Altos cargos del PSOE, algunos todavía con mando en plaza, reconocían el dolor por ver a quienes fueran pesos pesados del socialismo condenados por corrupción. Más aún cuando siempre defendieron que el caso de los ERE, el mayor escándalo judicial de Andalucía, era cuestión de «cuatro golfos» y que, como llegó a asegurar Griñán el día de su dimisión en el 2013 «no hay ninguna figura delictiva de la que se me pueda imputar». Una forma retorcida de declarar su inocencia en un caso que no contempla que se enriquecieran personalmente o financiaran al partido de forma ilegal.
Pero un contundente fallo de 1.821 páginas del tribunal formado por los magistrados Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, se encargó de desmontar esa teoría. Y asentar, por el contrario, las de la jueza de instrucción Mercedes Alaya, que desde que inició la instrucción judicial allá por enero del 2011 siempre apuntó a que ese descontrol había sido no solo buscado a propósito, sino también conocido y, sobre todo, no atajado por la cúpula de la Junta de Andalucía pese a conocer los informes con continuas deficiencias. «Una vergüenza para la institución», resumió ayer el actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.
PLENAMENTE CONSCIENTES / Según la sentencia, tanto Chaves como Griñán y el resto de acusados fueron «plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad de los actos en los que participaron» al promover y mantener, entre los años 2000 y 2009, un sistema para conceder y abonar ayudas a empresas en situación delicada que, para ganar agilidad eludía cualquier tipo de control y publicidad.
Su acceso quedó por tanto restringido a unas pocas sociedades, un centenar estiman los jueces, cuando en realidad fueron muchas más las afectadas. La sentencia, en cualquier caso, no alude a que este sistema permitiera apuntalar una red clientelar para que el PSOE se apoltronara en el poder, como mantuvo la Fiscalía y la acusación popular que ejerció el PP.
Hasta el año 2000, esas ayudas se concedían bajo la forma de subvenciones excepcionales, conforme a la normativa nacional. Pero los reparos que planteó la Intervención General en un caso concreto, con la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa), hizo que el Ejecutivo andaluz diera la orden (de ahí la responsabilidad de Chaves) de cambiar el sistema.
Se pasó a hacerlo mediante modificaciones presupuestarias al principio y, a los pocos meses, mediante transferencias de financiación desde la Consejería de Empleo al Instituto Andaluz de Fomento (IFA). Una vía legal para compensar las cuentas de las entidades públicas, pero que no se contemplaba en ninguna normativa para abonar este tipo de ayudas.
El cambio, «no menor» e institucionalizado en el año 2001 con un convenio marco, omitía la fiscalización previa y generó «un descontrol absoluto», además de que, como resultado, «las consecuencias económicas para los fondos públicos de la Junta de Andalucía fueron claras e importantes».
La ley de presupuestos recogía año tras año transferencias de financiación de Empleo al IFA, luego Agencia Idea, que eran fiscalizadas, sí, pero no lo era el destino final de esas ayudas, que gestionaba sin competencias la Dirección de Trabajo donde estaba Javier Guerrero. Llamativa resultó, por ejemplo, la lluvia de millones con la que se vieron beneficiadas empresas de la comarca de origen de Guerrero.
Este proceder «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo» permitió que surgieran los conocidos como «intrusos», que las mediadoras cobraran sobrecomisiones millonarias por tramitar expedientes -muchos defectuosos- o que se montaran empresas ex profeso para cobrar ayudas.
EXPEDIENTES NULOS / «No solo se ha omitido la fiscalización previa, sino que el expediente, si es que pudiera ser llamado así, carece del cumplimiento de todos los trámites esenciales, lo que determina que sea nulo de pleno derecho, y por tanto, no convalidable», dice el fallo, apuntando ya el camino para los 200 piezas desgajadas, una por cada ayuda concedida.
La sentencia atribuye a los responsables de Economía y Hacienda, como Griñán, que pese a conocer esas irregularidades no alzaran la voz y pusieran freno escudándose en que se limitaban a dar forma y orden a las propuestas de cada consejería en los Presupuestos, pero no se encargaban de gestionarlo. Por este método, dice la sentencia entre 2000 y 2010 se gestionaron 680 millones de euros fuera de todo control.
