La Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos a José María Aznar que tanta polvareda levantó en el 2004, hasta el punto de que nunca se le llegó a entregar, vuelve a estar en el ojo del huracán por una investigación del Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador del Estado ha abierto diligencias preliminares para investigar si el Gobierno del Partido Popular desvió fondos públicos al contratar a un lobi americano con el objetivo de que el entonces presidente pudiera obtener la distinción de la Cámara estadounidense, finalmente frustrada.

La investigación está encaminada a esclarecer la gestión de un gasto de 2,3 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros del 26 de diciembre del 2003, presidido por Aznar, que fueron destinados a suscribir un contrato con la empresa norteamericana Piper Rudnick para gestionar la frustrada concesión de la medalla. El contrato se justificó por la necesidad de "asistir al Gobierno de España en la promoción de relaciones más próximas con EEUU". Para los demandantes, los abogados José Luis Mazón, Encarnación Martínez y la asociación Preeminencia del Derecho, parte de este dinero se destinó en realidad a promocionar la concesión a Aznar de la medalla de oro.

MALVERSACION DE CAUDALES "La desviación de fondos públicos para usos particulares, como es la obtención de la citada medalla para Aznar, debe considerarse como una malversación de caudales ya que su aplicación se destinó a usos propios", señala la denuncia, presentada el pasado 15 de diciembre. Como primera medida, el Tribunal de Cuentas ha solicitado un informe al fiscal y al abogado del Estado, y ha abierto el plazo para que los denunciantes decidan si quieren personarse como acusación. Si prospera la denuncia, Aznar podría tener que devolver el dinero gastado en Pipper Runick.

Según la denuncia, ese contrato del Consejo de Ministros se hizo "por el procedimiento de imperiosa urgencia", por lo que se omitieron otras ofertas. Añaden que en los servicios que incluía el contrato, aparecen "las actividades dedicadas a la consecución de una medalla de oro", algo que no estaba previsto en la contratación. Sobre tales actividades, indican los denunciantes, hay dos facturas, pero si en la primera figuraba la gestión de la concesión de la medalla, en la segunda tal cometido queda omitido y a él se alude como "asuntos del Congreso". El exsecretario de Estado de Asuntos Exteriores Bernardino León manifestó en el Congreso en septiembre del 2004 que las gestiones del Ejecutivo popular de Aznar para conseguir la distinción resultaron "poco escrupulosas".