El Estado dejará de ingresar 2.200 millones de euros al año con parte de la treintena de medidas aprobadas ayer para impulsar la recuperación económica y el empleo. La nueva deducción en el IRPF por las obras de mejora de la vivienda tendrá un impacto en las cuentas de 1.400 millones. Además, se calcula que la desgravación por el chequetransporte de los trabajadores costará 120 millones y que aplicar el tipo superreducido del IVA (4%) a servicios de atención a la dependencia bajará los ingresos en 80 millones (en este caso, la merma se repartirá al 50% entre Estado y autonomías). Además, Hacienda sufrirá una menor recaudación de 600 millones al año por permitir a las empresas deducir de golpe sus inversiones.
El Consejo de Ministros aprobó un decreto con 26 medidas y cuatro acuerdos para favorecer la financiación de las empresas a través del ICO. Aunque la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, resaltó el alcance político de lo que consideró un "acuerdo contra la crisis", lo cierto es que, en general, se trata de medidas técnicas para impulsar el empleo y la actividad de las "empresas".
