La Mesa del Congreso de los Diputados se reunirá mañana para decidir si se debaten en el pleno del martes sendas mociones del PSOE y de IU que buscan el reproche de la Cámara al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por haber "mentido" sobre el caso Bárcenas en sede parlamentaria.
No es habitual que la Mesa se reúna para decidir si califica este tipo de iniciativas -mociones consecuencia de interpelaciones que se debatieron en el pasado pleno-, ya que suelen entrar automáticamente en la sesión siguiente.
Fuentes de la oposición en la Mesa han subrayado lo inusual de esta reunión, aunque por parte del PP defienden la decisión del presidente del Congreso, Jesús Posada, de reunir al órgano de Gobierno de la Cámara si entiende que hay que estudiar el contenido de estas iniciativas antes de aceptar su debate.
Una decisión criticada por el portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, José Luis Centella, quien ayer acusó al PP de pretender dar un "golpe institucional" en la Cámara, que espera que no se consume y que finalmente haya debate.
En su moción, el PSOE quiere forzar una votación en el pleno para instar a Rajoy a asumir las responsabilidades derivadas de una conducta "tan grave" como "mentir en sede parlamentaria" sobre el caso Bárcenas.
Los socialistas intentaron sin éxito presentar una interpelación para reprobar a Rajoy, que no pasó el trámite de la Mesa de la Cámara, y finalmente registraron una interpelación sobre la política general del Gobierno en materia de rendición de cuentas ante el Parlamento, que debatieron el pasado miércoles la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Después, el PSOE registró la moción consecuencia de esa interpelación urgente, que aunque no se trata de una reprobación propiamente dicha persigue según fuentes del PSOE unos efectos similares, es decir, el reproche político a Rajoy.
Como apuntó esta semana Rodríguez, la moción aspira a que la Cámara constate que Rajoy "ha mentido" en varias ocasiones en sede parlamentaria sobre el caso Bárcenas.
La moción también pretende que el pleno rechace "de forma clara" esta actuación de Rajoy y le inste a asumir "las responsabilidades" que se derivan de una conducta "tan grave como mentir en sede parlamentaria".
Entre las "mentiras" de Rajoy que subrayan los socialistas está la de decir que no había mantenido ninguna relación con Luis Bárcenas desde que trascendió que tenía dinero en Suiza, pero después se conoció que el jefe del Ejecutivo siguió intercambiado SMS con el extesorero del PP hasta marzo de este año.
También subrayan que en su comparecencia del pasado 1 de agosto, Rajoy mintió cuando aseguró que Bárcenas no militaba ya en el PP cuando él fue elegido presidente del Gobierno.
El respeto a la verdad, señala el texto de la moción, es la primera condición de la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que los socialistas quieren que el pleno rechace y deplore que Rajoy "haya faltado a la verdad" en sus manifestaciones en el Parlamento.
En cuanto a la moción de la Izquierda Plural, es consecuencia de la interpelación al titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, del pasado miércoles, en la que el ministro hizo una entusiasta defensa de la "honestidad personal" de Rajoy mientras el portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, insistió en las "mentiras" del presidente y su "falta de credibilidad" en el caso Bárcenas.
IU reclama en su moción el "rechazo" de la Cámara al comportamiento de Rajoy en su comparecencia del pasado 1 de agosto para hablar de corrupción política, y propone una reforma del reglamento del Congreso para mejorar el control parlamentario del Gobierno, así como la creación de una comisión de investigación sobre la financiación irregular de los partidos políticos.
También propone IU un catálogo de medidas contra la corrupción, como la reforma de la ley de financiación de partidos y un endurecimiento de las incompatibilidades de los cargos públicos.
Asimismo pide la reforma del Tribunal de Cuentas, nuevas medidas de control de los procesos de contratación de las administraciones, mejora de la prevención del fraude fiscal y la evasión de capitales, una reglamentación de los grupos de presión y una nueva regulación de las campañas electorales, entre otros.
