El anuncio de la Casa del Rey de que Felipe VI renuncia a la herencia de Juan Carlos y le deja sin la asignación a cuenta de los Presupuestos del Estado se produce apenas cinco días después de que la Mesa del Congreso, en la que están representados los grupos parlamentarios del PSOE, el PP, Podemos y Vox, descartase constituir una comisión para investigar las supuestas cuentas y donaciones atribuidas al monarca emérito.

La negativa a investigar esas cuentas se produjo pese a que la semana pasada se supo que la fiscalía de Suiza estaba investigando una presunta donación de 65 millones de euros en el 2012 de Juan Carlos a la empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, desde una cuenta del país helvético vinculada a una fundación panameña.

Documento de los juristas

A raíz de esta información, los grupos parlamentarios se organizaron para pedir que el Congreso indagara la posible corrupción del exjefe del Estado. Por un lado, el grupo plural (del que forman parte JxCat, Más País y Compromís, entre otros) y ERC solicitaron una comisión sobre las presuntas ilegalidades cometidas por Juan Carlos y para determinar, en su caso, las consiguientes responsabilidades éticas y políticas.

Por otro lado, el grupo confederal de Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y también ERC presentaron otro escrito para pedir otra comisión y acotaron la investigación a la relación diplomática entre Juan Carlos y Arabia Saudí. Ni una ni otra superó el filtro de la Mesa del Congreso, donde tienen asiento PSOE, PP, Podemos y Vox.

Ahora, gracias a 'The Telegraph', se ha sabido que el actual jefe del Estado aparece como segundo beneficiario de una fundación 'offshore' donde se ingresó la supuesta donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí a su padre. Esa cantidad se habría depositado en una cuenta abierta en el banco privado Mirabaud, a nombre de la Fundación Lucum.

Las grabaciones de Villarejo

La Mesa del Congreso, que se encarga de ordenar el trabajo del Congreso, decidió, apoyándose en el informe de los letrados que así se lo recomendaban, que había que rechazar la creación de cualquiera de las dos comisiones.

En ese documento de los juristas, al que accedió este diario, los expertos se hicieron eco de los informes que se habían ido redactando esta última década cada vez que algún grupo reclamaba una comisión sobre la jefatura del Estado por motivos de transparencia o sobre Juan Carlos. El Rey emérito ha sido objeto de varias peticiones de los grupos estos años, cuando abdicó, en 2014, y en 2018, cuando en unas grabaciones del expolicía encarcelado José Manuel Villarejo se le escuchaba decir a Corinna que el exjefe del Estado tenía cuentas en Suiza y cobraba comisiones.

Figura inviolable

Según los expertos, no se puede investigar al Rey emérito por el artículo 56.3 de la Constitución, que señala que la figura del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, y el 65, que recoge que el Monarca distribuye libremente los Presupuestos del Estado para el sostenimiento de su familia. Además, los letrados se hicieron eco de las sentencias del Constitucional y en concreto de la de 2019, que anuló la comisión de investigación que el Parlament de Catalunya quería hacer sobre la jefatura del Estado.

En el fallo se leía que la no sujeción a responsabilidad así como la inviolabilidad son absolutas, tienen efectos jurídicos permanentes, de modo que tales prerrogativas, no solo se extienden a los actos del rey Felipe sino también a aquellos actos de el rey emérito Juan Carlos que se proponen como objeto de la comisión de investigación.

Este asunto puso de relieve las diferencias entre PSOE y Podemos la semana pasada. Según la portavoz socialista, Adriana Lastra, había que leerse simplemente la Constitución. Según opuso Podemos, no se puede utilizar la inviolabilidad del Rey como una coartada para garantizar el privilegio y la opacidad de un exjefe de Estado que no tiene por qué ser tratado en asuntos tan graves de manera diferente a otro ciudadano del país. Fueron palabras del diputado de En Comú Gerardo Pisarello, miembro de la Mesa del Congreso.