Los fiscales de Sala del Supremo Javier Zaragoza y Fidel Cadena se habían preparado a conciencia su primera intervención en el juicio del procés. En tonos muy diferentes, pero igual de contundentes, fueron desgranando, como si dieran titulares periodísticos, sus argumentos para negar las vulneraciones de derechos alegadas por las defensas.
A la supuesta criminalización de la disidencia política, Zaragoza respondió: «Nada más lejos de la realidad. Esto es un juicio en defensa de la democracia, en defensa de la Constitución». En cinco primeros minutos de vértigo, el primero tuvo hasta para los catedráticos del manifiesto contra el delito de rebelión por el que acusa el ministerio público, de los que dijo que «no son precisamente los de más prestigio», y hasta se pronunció sobre el diálogo. «No parece de recibo culpar al Estado de una supuesta falta de voluntad de diálogo como factor desencadenante o que aboca a ese factor de quiebra del orden constitucional y a esa secesión consumada, que fue revertida por el Estado», afirmó.
«JUICIO PENAL» / El tono de ambos contrastó con el de la abogada del Estado Rosa María Seoane, sustituta de Edmundo Bal, a quien el Gobierno apartó cuando decidió no acusar de rebelión. Su discurso fue más técnico que el «brillantísimo», en sus propias palabras, de los fiscales que la precedieron. Prácticamente se limitó a aseverar que lo que «se celebra es un juicio penal», «un ejercicio del derecho penal democrático frente al derecho penal del enemigo».
Se opuso a no poder acusar al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, de sedición, aunque su personación se debiera a la malversación, y trató de defender a la secretaria de Estado Irene Lozano por haber dado a los acusados por autores de la rebelión en una entrevista. Seoane lo justificó diciendo que el inglés «no es su lengua materna» y vinculó esa afirmación a la reclamación de la defensa de poder declarar en catalán sin necesitar traducción, como ocurriría en Cataluña.
En su descargo hay que admitir que tras los fiscales poco le quedaba por decir. Tanto a ella como a Vox, que optó por un tono muy técnico. El tribunal del procés ya había oído a Zaragoza recordarles que la Constitución fue apoyada por el 62% de los catalanes, cifra similar a la que rechazó participar en el 1-O. Ello le llevó a argumentar que los derechos de estas personas son los que se vieron vulnerados por los acusados por empeñarse a llevarlo a cabo.
«Se pretende articular como víctima de una persecución política a quien ha pretendido vulnerar el orden constitucional» cuando, en su opinión, habría sido una «grave irresponsabilidad que la justicia penal no hubiera reaccionado» ante «la afectación del orden constitucional» que se vivió en Cataluña.
«Los acusados llevan años proclamando y defendiendo el proyecto independentista; se han manifestado, y que yo sepa no se les ha perseguido, ni enjuiciado. Solo se ha puesto en marcha la justicia cuando han realizado acciones que han quebrantado nuestra Constitución», señaló.
El «ejercicio de la actividad política no puede ser una patente de corso, porque el político está sujeto al Código Penal» y no puede «expulsar la Constitución y el Estatut de Cataluña y sustituirlo por una realidad paralela». «La actividad política no justifica utilizar a miles de ciudadanos para impedir el cumplimiento de la ley y tampoco intentar poner a los Mossos al margen» de ella, insistió. «Del lado de la rebelión» les puso el fiscal Cadena.
DISPARATE JURÍDICO / También se mostró crítico Zaragoza con la referencia a la tortura que hizo el abogado de Cuixart, Benet Salellas. «Comparar una actuación policial con las torturas es un disparate jurídico de dimensiones importantes», aseguró, antes de decir que de los 1.066 heridos que según la Generalitat hubo el 1-O, solo dos lo fueron graves, «uno por un infarto y otro por un pelotazo de goma en el ojo tras lanzar una valla a los agentes».
Zaragoza sostuvo que la actuación policial de lo ocurrido en aquellos acontecimientos se investiga en juzgados catalanes y queda fuera de la causa del Supremo.
