La fiscalía se plantea solicitar una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros al arquitecto Santiago Calatrava, imputado en una pieza separada del llamado caso Palma Arena por haber sido presuntamente favorecido de forma ilegal en la adjudicación de un anteproyecto de construcción de un teatro de ópera en la ciudad de Palma de Mallorca en el 2007.

Calatrava declaró ayer ante el juez que el entonces presidente autonómico, Jaume Matas (del PP), le encargó en persona el diseño de la ópera en un desayuno celebrado en Roma ocho meses antes de que el Gobierno balear adjudicara el proyecto. Este, sin embargo, no llegó a ejecutarse, ya que se anunció un mes antes de las elecciones autonómicas del 2007 y la junta electoral decidió paralizarlo. El arquitecto, de todos modos, se embolsó un millón de euros, así como 120.000 euros más por dos maquetas y 80.000 euros por un vídeo sobre el diseño. La fiscalía duda de que el anteproyecto se efectuara realmente.

Durante su comparecencia, el juez le inquirió principalmente sobre las presuntas irregularidades administrativas detectadas en su contratación, lo que según manifestaron sus abogados, tras finalizar la vista, "no tiene ninguna base ya que es una cuestión que no afecta a Calatrava, y además, hace 15 años que no se presenta a un concurso". "Es un arquitecto al que se lo rifan en muchos lugares y que está proyectando universidades en Taiwán y estadios olímpicos en Roma, es un español universal", recalcaron para justificar por qué el Gobierno balear se interesó en él.

Antes que Calatrava declaró ante el juez una arquitecta del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), organismo público que suscribió el contrato con el despacho del arquitecto valenciano. La imputada manifestó que la obra de la ópera de Palma tenía que unir arquitectura e ingeniería, algo que solo podía hacer Calatrava, por lo que recomendó a este arquitecto.