La campaña sobre la revalorización de las pensiones se adjudicó a dedo por la "imperiosa urgencia" de ponerla en marcha, según Trabajo. Según un informe del ministerio, el contrato, otorgado a la firma de Miguel Angel Rodríguez, se tramitó sin convocar el preceptivo concurso por "imperativo temporal", aunque el impacto de la inflación sobre el valor adquisitivo de las pensiones se sabía desde el 13 de diciembre.

La ley de contratos de las administraciones obliga a someter a concurso todas las adjudicaciones, salvo si está en juego la seguridad del Estado, si la licitación queda desierta, si su importe es inferior a 30.050 euros (5 millones de pesetas) o si no hay tiempo para seguir el trámite ordinario.

El 8 de enero, demasiado tarde para convocar un concurso por la vía de urgencia, Trabajo recurrió al artículo 210 c) de la ley, que autoriza el "procedimiento negociado sin publicidad" cuando se da una situación de "imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles".

Pero, si la ley obliga desde hace años a actualizar las pensiones y a compensar el efecto de la inflación, ¿cuáles eran los "acontecimientos imprevisibles"? Ayer Trabajo no acertaba a dar respuesta, pero aseguraba que el ministro, Eduardo Zaplana, ordenó lanzar esta campaña en diciembre. Justo en plena crisis del Prestige.