E l pasado lunes, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, admitió que la investigación judicial a Podemos «preocupa», pidió «respeto» para el magistrado que ha imputado al partido y, si bien consideró que la formación con la que comparte el Gobierno está siendo respetuosa con el poder judicial y está colaborando, apuntó que no comparte los comentarios «individuales» de algunos de sus dirigentes, que desacreditaron al titular del juzgado de instrucción que lleva la causa, Juan José Escalonilla.

Una compañera de Gabinete de Campo, y de Podemos, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no mostró ayer tanta cautela y afeó a los morados que estén «descalificando» la actuación judicial. «Lo que hay que hacer es apoyar a los jueces para que hagan su trabajo sin ningún tipo de interferencia, sin descalificaciones. No me gustan las fuerzas políticas que, cuando hay resoluciones judiciales que no les gustan, critican a los jueces. Eso no es bueno en un Estado de derecho», lamentó Robles en una entrevista de Europa Press.

Podemos está imputado como persona jurídica tras la denuncia del exabogado del partido José Manuel Calvente por presuntos delitos de malversación y administración desleal. La titular del Ministerio de Defensa, que antes ejercía de magistrada en el Tribunal Supremo, afirmó tener «confianza máxima en los jueces» e instó a ser «muy respetuosos y dejarles trabajar sin ningún tipo de presiones».

Podemos cargó contra el juez por abrir una investigación «genérica e indeterminada» sustentada en «rumores» y sospechas de quien fuese responsable de protección de datos del partido, y que habría obtenido documentación «vulnerando» su deber de confidencialidad. El vicepresidente Iglesias criticó además que se intente asemejar a Podemos con «la corrupción del PP».

Coincidiendo con los dardos del partido morado, pero también con las negociaciones entre partidos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), este organismo volvió a reivindicar, mediante una declaración institucional hecha pública a primera hora de la tarde de ayer, que «el respeto a la independencia de los jueces es un elemento clave de la democracia».

La declaración, que contó con los votos en contra del sector progresista (Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda), considera que «la confianza de los ciudadanos en la independencia de jueces y magistrados es la mejor garantía para la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de todos». H