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CATALUÑA

El ministro de Justicia se compromete a buscar el consenso para reformar la sedición

El ministro aboga por el "diálogo" para abordar cualquier reforma penal Anuncia que dará la instrucción a los fiscales antes de fin de año con Delgado al frente del ministerio público

 

Juan Carlos Campo promete presentar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal antes de que termine el año. - FERNANDO ALVARADO / EFE

ÁNGELES VÁZQUEZ
17/02/2020

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tenía clara cuál debía ser la idea fuerza de su primera comparecencia ante la comisión de justicia del Congreso. Quería que "el diálogo y el consenso" protagonizaran su planteamiento para lograr una justicia de calidad, equiparable en la percepción de los ciudadanos a la sanidad y la educación públicas. El problema fue que le corresponde a su departamento la anunciada reforma del delito de sedición, por el que se condenó a los líderes del 'procés', en concurso con otro de malversación, y cualquier otra iniciativa acabó ahogada por este proyecto.

Ello a pesar de que el nuevo ministro de Justicia prácticamente se limitó a decir que cualquier cambio en el Código Penal se hará desde "el más amplio consenso cualquier reforma, sea la de rebelión y sedición o los abusos sexuales". Señaló que desconocía la información por la que preguntaron varios de los portavoces del resto de grupos y negó "un compromiso con un partido", para a continuación incidir en que propondrá "un formato más amplio, más incluyente de realidades y transparencias", por el que vendrá "cada tres meses a rendir cuentas".

Campo, que explicó que el "consenso no es un fin, pero es un buen método de trabajo", consideró suficiente recordar que la fundación Faes llegó a analizar la reforma del delito de rebelión "y no se había caído el mundo", porque nadie "tiene duda de que hay que dar vueltas a ese tipo de delitos", pero no quiso ir más allá sobre el sentido hacia el que se dirigirá.

Los portavoces sí hablan de sedición

En el turno de réplica los portavoces apenas recogieron el guante del "diálogo" para "conseguir un consenso", evitar la cortedad de miras y el partidismo para lograr "una administración pública y avanzada", sin un mayor presupuesto, pero sí con una gestión más eficiente. Los grupos catalanes se abrazaron a la necesidad a la reforma de la rebelión y el portavoz del Grupo Plural, el diputado de Junts per Catalunya Jaume Alonso-Cuevilla, pidió incluso su derogación, mientras que la derecha del hemiciclo la criticó como "indulto encubierto" o "espacio de impunidad". El ministro hizo lo propio y ni mencionó la futura reforma, aunque se comprometió a abordar cualquier reforma "con el máximo consenso" y todos los informes que prevé la ley.

Al no referirse en ningún momento a la sedición, dejó sin respuesta al portavoz de justicia de Cs, Edmundo Bal, que calificó de "tropelía" cualquier reforma del Código Penal hecha para un caso concreto, como ocurre en este caso. También al de Vox, Javier Ortega Smith, lo consideró una discriminación frente al resto de ciudadanos con "delitos menos graves", y se preguntó si lo que se busca es "un indulto encubierto". Y el del PP, Luis Santamaría, lo llamó "fraude y un premio al golpe de Estado en Catalunya", lo que dificultará el diálogo, para añadir a continuación que, pese a ello, por su parte "no faltará voluntad". "Cuando se hable de desjudicializar la política en realidad se habla de crear espacios de impunidad en Cataluña", añadió.

Con Delgado de fiscala general

También se mostró muy crítico Bal con el otro anuncio del ministro: un nuevo anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal antes de que acabe el año para lograr una "regulación moderna y justa que garantice un proceso penal moderno, democrático y plenamente adaptado a los principios constitucionales, atribuyendo la dirección de la investigación al ministerio fiscal y fortaleciendo las garantías constitucionales". Pero más que por el "deslinde las funciones instructoras de los juzgadores", porque a la cabeza de la fiscalía estará Dolores Delgado, cuyo nombramiento como fiscala del Estado fue calificado como el "más inedóneo" por el diputado, que agregó que era "una anomalía democrática intolerable".

En una línea semejante se mostró Ortega Smith, en nombre de Vox, que consideró "una politización" preocupante la designación de Delgado especialmente de cara al momento en el que la instrucción se ocupen los fiscales. El PP elogió a Campo por cambiar el equipo de Delgado de Justicia, que llamó "casa de los líos", y afirmó que entregar la instrucción a los fiscales bajo su batuta es "darle al instrucción al Gobierno".

A diferencia de lo que ocurrió con la sedición, el ministro sí defendió la necesidad de dar la instrucción a los fiscales, como, recordó, también había intentado Alberto Ruiz-Gallardón, cuando fue ministro de Justicia. Lo que sí admitió es que para entonces será necesaria una reforma del Estatuto fiscal.

Criticó a Cs que en cada convocatoria haya hecho una propuesta para nombrar al fiscal general y defendió la designación de Delgado en que quien encabeza la fiscalía general pone en práctica la política criminal del Gobierno. A su defensa se sumó también el portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, que criticó al portavoz del PP por haber denunciado que Delgado fuera diputada del PSOE, cuando no lo hizo con Carlos Lesmes, que fue director general con un gobierno 'popular'.

Fue aún más explícito a la hora de defender a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovación no es responsabilidad suya, sino de las Cámaras que deben proceder a sustituirlos, puesto que su mandato acabó hace más de un año.

Abusos a menores

Los fondos de la oficina de recuperación de activos procedentes del delito (ORGA) se destinarán en parte a "organizaciones no gubernamentales cuya labor se desarrolle en materia de asistencia a víctimas del delito. Pondremos para ello en marcha un programa de subvenciones que nos permitirá devolver a la sociedad civil parte de lo sustraído por actividades criminales.

El ministro lo situó en el anteproyecto de ley orgánica de protección integral a la Infancia y la adolescencia frente a la violencia, iniciativa conjunta de Justicia y Sanidad, muy trabajada por el anterior Gobierno y que espera culminar pronto.

Diálogo, pese a las críticas

Pero sus propuestas de diálogo con todos se encontraron con un primer hándicap. El ministro abogó por retomar los proyectos iniciado por el Govierno y que "en 2011 quedaron interrumpidos con la salida del equipo del ministro (Francisco) Camaño, ya que el Gobierno posterior (del PP) no les dio continuidad", para lograr la implantación definitiva de la oficina judicial, consolidar el expediente judicial, integrar las plataformas de gestión e impulsar de nuevo los tribunales de instancia.

Durante su intervención admitió que, "con un Gobierno de coalición, la sensibilidad del diálogo y el consenso están en el ambiente". "Aprovechémoslo. Sobre todo, porque estamos de acuerdo en que hace falta actuar ya en materia de Justicia. Decir otra cosa es inventarse una discrepancia que además no beneficia a nadie", aseguró el ministro.

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