José María Michavila tiene experiencia en lo que a colisiones verbales con representantes del mundo judicial se refiere. En abril del 2003, acusó de "rebeldía" al entonces fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, por considerar que había boicoteado la puesta en marcha de los juicios rápidos. Fernández Bermejo, que tres meses después fue destituido por el Gobierno, presentó una demanda de protección al honor contra Michavila, al que acusó de haber dañado su prestigio.
El Tribunal Supremo, a instancias del abogado de Fernández Bermejo, citó a declarar a Michavila, a quien no permitió acogerse a su derecho a hacerlo por escrito. La sala civil del Supremo tomó esta decisión en noviembre contra el criterio del abogado del Estado y del fiscal. El primero renunció a citar a Bermejo para ahorrar el trance a Michavila; y el segundo alegó que los hechos estaban documentados y que las comparecencias eran, por tanto, innecesarias. La causa sigue pendiente.
