La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho hoy que la mitad de los 37.700 millones de euros que el Estado prevé ahorrar hasta 2015 con la reforma de las administraciones provendrá de los menores gastos de personal.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha insistido en que se trata de ahorros consolidados que se derivan de las medidas ya adoptadas, como mantener a cero la tasa de reposición del personal público, la eliminación de días libres o la extensión de la jornada laboral.

Esas medidas permitirán ahorrar este año 728 millones al Estado, 3.238 millones a las comunidades autónomas y 976 millones a las entidades locales.

Respecto a la posibilidad de que la reforma provoque la destrucción de puestos de trabajo, la vicepresidenta ha reconocido que podría "salir" algún eventual o asesor, pero también ha aclarado que el personal que "se libere" con la supresión de un organismo autónomo tendrá un hueco en otros puntos de la administración.

La vicepresidenta ha insistido en que los funcionarios y empleados públicos han hecho "un esfuerzo extraordinario" y que a partir de ahora se va a buscar una mayor movilidad de los trabajadores y una mejor planificación de los recursos humanos para darles más carrera profesional, objetivo con el que se creará "un gran centro de formación pública".

El informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) especifica que la redefinición de los puestos de trabajo afectará a los funcionarios de los grupos A y C que no tengan atribuidas competencias específicas, ni reserva de funciones y de puestos de trabajo.

De esta forma, señala el informe, se romperá el "encorsetamiento" actual que impide mover a un funcionario de la unidad administrativa a la que está adscrito.

"La tendencia debe ser disponer de menos efectivos pero más cualificados para llevar a cabo las funciones que se les encomienden, las cuales serán cualitativamente más complejas", añade el texto, en el que también se propone extender la movilidad a las distintas administraciones territoriales.

Asimismo, se propone "reconsiderar" el personal eventual con funciones de confianza y asesoramiento, de manera que se acredite que se está haciendo un uso adecuado de esta figura.

En este sentido, se aconsejan cambios normativos que concilien su nombramiento discrecional con el cumplimiento de determinados requisitos ligados a la experiencia y titulación profesional, al tiempo que se promoverá la normativa necesaria para que la dotación de personal eventual sea homogénea en toda la administración.