Ciudadanos vive semanas turbulentas. Albert Rivera ha sufrido dimisiones internas por el giro a la derecha, rupturas como la de Manuel Valls y desencuentros con el mismo presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y pese a su enroque el viernes en la reunión del consejo general, donde enseñó la puerta a los disidentes, en su círculo de confianza también asumen que su línea ideológica se ha desvirtuado y piden elaborar estrategias para volver al centro y recuperar la bandera de la regeneración política.
Los numerosos acuerdos alcanzados en alcaldías y gobiernos autonómicos de toda España con el objetivo de alcanzar puestos relevantes ha requerido en la inmensa mayoría de casos pactos, directos o indirectos con PP y Vox, unos nuevos socios a los que Ciudadanos ha unido su futuro, al menos a corto plazo, para ganar cuota de poder. Pero los numerosos escándalos de corrupción de los populares y las políticas radicales de la formación de ultraderecha preocupan en el núcleo duro de Rivera y, según ha podido saber este diario, la dirección naranja está preparando un informe que recogerá qué iniciativas se pueden tomar para desmarcarse y en qué instituciones la moción de censura puede ser una herramienta útil y rápida para romper con esos dos incómodos compañeros de viaje.
La sentencia sobre la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas, cuyo juicio acabó el pasado viernes, se conocerá previsiblemente este verano y será la primera que saldrá en esta nueva etapa en la que Ciudadanos tiene a los populares como socios preferentes. Hasta ahora nunca un partido había estado acusado penalmente como persona jurídica, en este caso por ser responsable directo de la inutilización de esas posibles pruebas sobre la caja b de Génova.
Después de ese fallo llegarán otros de la operación Lezo, sobre el presunto desvío de fondos públicos de la empresa pública Canal de Isabel II a cuentas de miembros del PP del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y también de la Púnica, que investiga una trama organizada entre empresarios y políticos de Madrid, Valencia, Murcia y León, para conseguir adjudicaciones a cambio de comisiones. Ambas causas están en fase de instrucción y no parece fácil que los juicios se celebren antes del año próximo. En todas esas provincias hay varias alcaldías gobernadas en coalición con el PP, una alianza que, con toda probabilidad, se repetirá en los ejecutivos de la región, con excepción del valenciano. Junto al de los ordenadores y el de los papeles de Bárcenas, que todavía está siendo investigado, son los cuatro casos más relevantes a los que se enfrentan los populares y que algunos dirigentes de Ciudadanos temen que supongan un lastre para ellos también.
LAS FACTURAS DEL "PP DEL PASADO"
No obstante, en el núcleo duro de Rivera hay quien cree que sería injusto que el PP de Pablo Casado tenga que pagar por el PP del pasado y solo defiende usar el comodín de la moción de censura en el caso de que el alcalde o presidente autonómico conservador acabe imputado. Estamos todavía rematando los pactos, no vamos a pensar en cómo romperlos, afirma uno de los negociadores de Rivera que también ha recibido el encargo de redactar el informe sobre ese posible salvavidas.
El debate sobre si se ha acertado con el momento de lanzar la OPA sobre el PP y, sobre todo, con la estrategia, al derechizarse y enfrentarse a un partido con una implantación territorial muy superior, está vivo, entre los críticos cuya cabeza más visible es el economista Luis Garicano y también en el equipo del líder. "No les vamos a ganar nunca en políticas conservadoras y no les hemos ganado en las urnas. Es una batalla perdida y Rivera no se da cuenta", se lamenta un dirigente con responsabilidades territoriales que prefiere no dar su nombre. "Yo no tengo claro qué tenemos que hacer, porque es verdad que el PP está muy dañado por la corrupción y parece que es 'ahora o nunca', pero lo que no me gusta es que, ante las advertencias que hay dentro del partido, no se modulen las decisiones. El camino que hemos tomado es muy arriesgado", dice otro, miembro del comité ejecutivo que también pide discreción.
