La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, se ha mostrado dispuesta a «seguir buscando soluciones» y alguna nueva fórmula que permita hacer llegar cuanto antes a las autonomías los mayores ingresos que les corresponden en el 2019 y que quedaron atascados por la no aprobación del proyecto de Presupuestos Generales (en febrero) y la posterior celebración de elecciones generales (el 28 de abril).
Lo que está en juego es la entrega adicional de unos 4.000 millones de euros a las autonomías en concepto de mayores entregas a cuenta, derivadas de la mayor recaudación tributaria prevista para este año
La Abogacía del Estado, en un informe entregado a la Secretaría de Hacienda el martes (27 de agosto), deja bien claro por escrito su criterio: No.
«Por exceder el despacho ordinario de asuntos públicos no podría un Gobierno en funciones actualizar el importe de las entregas a cuenta a realizar a las comunidades autónomas», concluye el citado informe, al que ha tenido acceso este diario.
Sin embargo, en declaraciones a Onda Cero, la ministra Montero ha mostrado este miércoles su determinación para seguir «profundizando» y buscar «‘formulas creativas» para dar respuesta a una situación de dificultades financieras en las autonomías «que yo conozco muy bien», ha dicho en alusión a su anterior etapa como consejera de Hacienda en Andalucía. «No cejo en seguir buscando soluciones para atender las necesidades de las comunidades autónomas en la situación actual», y aunque ha insistido en que, en todo caso, el Gobierno en funciones debe ser respetar «los límites de la legalidad», no ha descartado la posibilidad de encontrar una salida.
La Generalitat de Cataluña ha iniciado una vía judicial para reclamar al Gobierno el pago de 1.300 millones correspondientes a la financiación del 2019.
En Onda Cero, la ministra negó tener miedo ante un posible pronunciamiento en contra de los tribunales a partir de las acciones legales de la Generalitat. «Miedo, nunca. El Gobierno está siguiendo un criterio técnico. Nadie puede poner en duda la sensibilidad autonómica de este Gobierno», dijo.
La postura de monago / La situación es similar en el resto de las autonomías. Los presidentes autonómicos del PP salieron ayer en tromba para exigir a la ministra Montero una reunión urgente para debatir el problema de financiación. El presidente del partido en Extremadura, José Antonio Monago, reclamó que se abonen los 200 millones que se deben a esta región, y pidió la dimisión de la ministra «capaz de faltar a la verdad» para someter a las CCAA un «chantaje indigno».
Ciudadanos anunció que pedirá la reprobación de la ministra Montero. «Queremos reprobar a Montero por mentir al decir que no existía el informe de la Abogacía del Estado», afirmó la diputada de Cs Melisa Rodríguez.
Por su parte, Unidas Podemos solicitará su comparecencia en el Congreso de los Diputados para que dé explicaciones. Al descontento de las autonomías por la ausencia de unos recursos con los que habían contado cuando elaboraron sus presupuestos, se une la crítica a la ministra por haber hecho alusión a que un informe de la Abogacía del Estado le impedía desbloquear los fondos por estar en funciones.
Montero explicó que el informe de la Abogacía era «verbal» y que el formato escrito no llegó al ministerio hasta ayer, tras habérselo solicitado el 22 de agosto. En su respuesta, la Abogacía del Estado recuerda que la ley determina que el Ejecutivo en funciones «limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas».
En concreto, la Secretaría de Estado planteó esta extensa pregunta a la Abogacía del Estado: «¿Puede el Gobierno, en su actual situación de Gobierno en funciones, ejercer la iniciativa legislativa necesaria para poder efectuar la actualización de las entregas a cuenta de las Comunidades Autónomas de Régimen Común para 2019, precisando mediante el instrumento normativo oportuno que las cifras de ingresos previos a la cesión a las Administraciones Territoriales a considerar en su cálculo pueden ser actualizadas con referencia a las previsiones tributarias para 2019 vinculada al ciclo presupuestario de dicho ejercicio en lugar de pivotar sobre las cifras de ingresos tributarios del ejercicio prorrogado 2018?»
La pregunta no hace referencia a la situación de los ayuntamientos, que es similar, y que supondrían otros 1.400 millones adicionales. Tampoco hace referencia la cuestión a las cantidades pendientes por la liquidación definitiva del IVA del 2017.
LA RESPUESTA / En su respuesta, la Abogacía del Estado se centra en despejar si el abono de estas cantidades entran dentro de lo que se entiende que puede acometer un Gobierno en funciones. La Abogacía del Estado entiende en su informe que este criterio impreciso debe ser examinado «caso por caso». Y tras analizar en particular este asunto llega a la conclusión de que «un Gobierno en funciones al modificar el importe de las entregas a las Comunidades establece nuevas orientaciones políticas, comprometiendo, condicionando o impidiendo las que pueda adoptar el nuevo Gobierno por lo que dicha actuación excedería del despacho ordinario de asuntos».
