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Montoro admite que el ‘Govern’ pudo burlar el control del Estado

El exministro de Hacienda da por hecha la malversación en el 1-O

 

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, durante su declaración. - EFE / TRIBUNAL SUPREMO

J. G. A. / Á. V. MADRID
28/02/2019

El exministro de Hacienda Cristobal Montoro quiso dejar claro ante el tribunal que la Generalitat había estado sometida a partir de septiembre del 2017 al control de «todos los gastos y créditos» para garantizar «la legalidad» en el uso de los fondos percibidos por el Estado, a fin de evitar que se usaran para la organización del referéndum unilateral. Sin embargo, sí reconoció que el Govern de Carles Puigdemont podría haber burlado este control al desvelar que, en el 2017, el secretario de Hacienda presentó cuatro denuncias ante la Fiscalía General del Estado y otras tres ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas por el presunto uso de dinero público para organizar el 1-O.

En este mismo sentido, Montoro aseguró que «una cosa es el control contable y otra las investigaciones», a la vez que apuntó que el Ejecutivo de Puigdemont podría haber «defraudado y engañado» para emplear fondos públicos para la consulta. Y acabó preguntándose: «¿Cómo no va a haber malversación si se han utilizado locales públicos?».

Montoro explicó que «tanto los informes de la Guardia Civil como los de la fiscalía cuentan con el asesoramiento de personal del Ministerio de Hacienda, muy cualificado, que se constituyó para un equipo humano». Respecto a sus declaraciones en El Mundo de que no se había destinado «ni un euro» al referéndum unilateral, ayer aclaró que se refirió a que veía «incidios de prevaricación» porque unos funcionarios estaban convocando una consulta ilegal donde se abrían locales de titularidad pública, y eso «era utilización de recursos públicos».

CONTROL DE LA LEGALIDAD / Su propósito, según precisó, era «trasmitir a todos los españoles» que no podía «hacerse materialmente la consulta soberanista», ya que la Generalitat estaba intervenida y no tenía presupuesto. Y concretó: «¿Qué clase de convocatoria es la que se hace oficialmente sin presupuesto público? Es una situacion muy difícil de definir».

Afirmó que en noviembre del 2015 se hizo un «control de legalidad» en el que se obligaba a la Generalitat a informar de la ejecución de su presupuesto. En el 2017, esta vigilancia mensual se convirtió en semanal ante los avisos del Ejecutivo catalán de que se iba a convocar un referéndum y «ante la manifiesta posibilidad de que se fuera a realizar una ilegalidad». Era un sistema nuevo de control, admitió Montoro. Fue recurrido por la Generalitat ante el Tribunal Supremo y este lo avaló. «Así se puede intervenir cualquier institución pública ante la sospecha de que se está cometiendo un acto ilegal», recalcó el exministro.

Sobre las explicaciones de la administradora concursal de la empresa Unipost de que no se cobró la elaboración de material electoral encargada por la Generalitat, Montoro sostuvo que «había intención de pago», pero que al final no se produjo porque la Administración catalana se encontraba en esos momentos intervenida y controlada por el Estado. En el registro practicado en la sede de esta compañía se hallaron una serie de facturas.

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