El control del Ministerio de Hacienda sobre las cuentas de la Generalitat se mantendrá, al menos, con la misma intensidad con que se puso en marcha en noviembre del 2015 (con un control mensual de legalidad sobre los pagos ya realizados por la Generalitat), después de que decaiga la aplicación del artículo 155 de la Constitución sobre Cataluña cuando se constituya el nuevo Govern, en los próximos días. Así lo explicó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sin llegar a descartar la prórroga del férreo mecanismo reforzado que puso en marcha a mediados de septiembre (con un control previo de legalidad) días antes del 1-O y que quedó incorporado después dentro de la aplicación del artículo 155.

«Iremos viendo en qué consiste la retirada de los controles, pero se mantendrán al menos los que nacieron en el 2015», resumió el ministro tras afear la petición del nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, sobre la desaparición inmediata de estos mecanismos. «Lo primero que ha dicho (el president) es ‘que me dejen sin control’. Pues va a ser que no», resolvió Montoro durante un desayuno informativo organizado por El Economista.

Según el titular de Hacienda, las recientes palabras de Torra sobre sus planes soberanistas para Cataluña «crean un elemento de desconfianza de primer orden». La desconfianza y el control de las cuentas «van a seguir» mientras los independentistas «sigan empecinados en presentarse con una actitud desafiante frente a la legalidad vigente», resolvió el ministro. «Lo que no se puede es destinar recursos públicos a actividades ilícitas. El Gobierno lo va a impedir y no hace falta la intervención del 155 para impedirlo», afirmó el ministro.

Montoro conserva en su agenda el compromiso de convocar a los consejeros autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera «a finales de mayo o principios de junio» con el fin de negociar el nuevo modelo de financiación. En esta cita podría participar ya el nuevo consejero de la Generalitat, si así lo decidiera el Gobierno catalán. Montoro dejó claro que el Gobierno solo llevará al Parlamento la reforma «si se cuenta con el apoyo explícito del PSOE».