Evo Morales designará un interlocutor para que tenga informadas a las empresas españolas sobre sus planes de reforma. El compromiso lo adquirió ayer el presidente de Bolivia ante la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, durante la reunión que mantuvieron en el palacio presidencial de La Paz, en la que, además de la situación de las compañías, repasaron otras cuestiones bilaterales, en especial la cooperación española con este país andino.

De la Vega fue la que solicitó a Morales la designación de este interlocutor después de que los directivos de las empresas españolas con inversiones en Bolivia le expresaran, en un desayuno previo a la reunión, la incertidumbre que en ocasiones les genera una falta de información directa sobre los planes del nuevo gobierno boliviano. Convencida de que el mejor antídoto contra la desconfianza es la información, la vicepresidenta propuso la designación de este interlocutor de confianza de Morales para que las compañías puedan tener datos "precisos, veraces y directos, y no solo rumores" sobre las reformas en cada área y las repercusiones que puedan llegar a tener sobre sus negocios.

COMPROMISO DE INVERSION De la Vega trasladó a Morales la "firme y decidida" voluntad de las empresas españolas de permanecer en Bolivia y de contribuir al desarrollo del país incluso con nuevas inversiones. En esta determinación se encuentra incluso Repsol-YPF, la multinacional hispano-argentina afectada por el decreto de nacionalización de la producción de gas e hidrocarburos aprobado por el Gobierno de Morales el pasado 1 de mayo. Antoni Brufau, presidente de la petrolera, se encuentra estos días en Bolivia, aunque ayer no pudo asistir al desayuno con la vicepresidenta por hallarse en la ciudad de Santa Cruz. Sin embargo, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, que arrancó en mayo a Morales el compromiso de una salida negociada a la crisis, está puntualmente informado de la marcha de las negociaciones.

"El presidente Morales y Repsol nos dicen que las negociaciones van bien y que habrá acuerdo", subrayó la vicepresidenta en la rueda de prensa que celebró conjuntamente con Morales tras su reunión. El presidente boliviano no quiso adelantar para cuándo puede anunciarse el compromiso entre las partes, pero sí aseguró que este estará listo dentro del plazo de 180 días, a contar desde mayo, fijado para que las empresas afectadas por el decreto se adecúen a las nuevas reglas de juego si quieren seguir operando en el país.

Morales insistió en que su país abre los brazos a la inversión extranjera "solidaria". "Las empresas que solidariamente quieran venir a invertir y crear empleo serán bienvenidas y tendrán seguridad jurídica", dijo el presidente, antes de repetir que Bolivia "quiere socios, no amos".