El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), respira desde este jueves más tranquilo después de que el Parlamento autonómico haya dado el visto bueno a los presupuestos de 2020 con el apoyo de Cs, los socios de Gobierno, y Vox, los aliados externos. Andalucía no solo se convierte así en la primera región en aprobar sus cuentas para el próximo año, ahondando en una imagen de estabilidad frente al convulso panorama nacional, sino que además el ejecutivo de derechas se garantiza la gobernabilidad hasta casi final de la legislatura. No obstante, la ultraderecha ha tratado de sofocar cualquier posible escarceo de PP y Cs para alejarse de su influencia. Si no se cumplen los compromisos pactados, ejercerá una hostilidad democrática más incómoda y grande. Y tener a Vox un año de forma hostil en defensa del interés general por algo que ustedes no cumplan es sumamente incómodo, auguró el portavoz de la formación, rechanzado no obstante que fuera "una amenaza".

Andalucía fue la primera comunidad en probar los acuerdos entre derecha y ultraderecha, una jugada que ha permitido normalizar a Vox, dándole además alas con los acuerdos en otras regiones que han permitido a los de Santiago Abascal escalar y colocarse como tercera formación política en el Congreso de los Diputados el pasado 10 de noviembre. Y las nuevas cuentas aprobadas hoy, las segundas en menos de cinco meses, ahondan en esa imagen de estabilidad y bonanza del bloque de las derechas. Aún en el caso de que las turbulencias nacionales tentaran a alguna de las tres formaciones a soltar lastre y marcar distancias, Moreno Bonilla tendría la posibilidad de prorrogar los presupuestos en 2021, llegando casi al final de una legislatura que expira en diciembre de 2022. Esa tentación es precisamente la que ha intentado conjurar Vox este jueves, recordando que se mantendrán vigilantes. No obstante, las alabanzas que le dedican desde PP y Cs, apelando continuamente a que es un partido útil, alejan cualquier atisbo de ruptura.

Once enmiendas de la oposición

Los presupuestos, ascienden a 38.540 millones de euros, el mayor presupuesto de la historia autonómica y un 5,4% más que el actual. Se han aceptado 70 enmiendas, aunque sólo once corresponden al bloque de oposición: tres del PSOE y ocho de Adelante Andalucía. El ejecutivo andaluz defiende el récord en gasto social, con especial atención a la sanidad, terreno que ha provocado numerosas protestas y quejas y que recibe 11.000 millones de euros, pero también la educación y las políticas sociales. Aunque los datos internos hablan de que el ritmo de crecimiento de la economía andaluza bajará cuatro décimas, de 2,3 al 1,9%, la Junta insiste en que se trata de un presupuesto expansivo que, además, permitirá crear 60.000 nuevos empleos.

Se mantiene también una importante rebaja fiscal, con la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones o la reducción del tramo autonómico del IRPF, que ha valido un tirón de orejas por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que a principios de mes recomendó al Ejecutivo andaluz aplazar las nuevas medidas de rebaja fiscal propuestas, o plantear otras actuaciones que favorezcan el cumplimiento de la regla de gasto, compensando el impacto de la pérdida de ingresos de medidas adoptadas, si quiere cumplir con la ley de estabilidad. Como novedad, el presupuesto de 2020 incluye además una partida para realizar auditorías independientes de las empresas públicas, a las que que tanto PP como Vox denominan administración paralela o chiringuitos del anterior gobierno socialista a fin de determinar si realmente las más de 26.000 personas que trabajan en ellas lo hacen únicamente por vinculación con el PSOE.

Mientras el bloque de derechas se congratula de unas cuentas que, aseguran, refuerzan la imagen de Andalucía, la oposición las tacha de regresivas e ideológicas, aludiendo a los logros arrancados por Vox para garantizar que salieran adelante, como el PIN parental y los programas en defensa de la caza en los colegios, el fomento de las escuelas taurinas, el impulso al teléfono de violencia intrafamiliar y las ayudas a mujeres embarazadas para evitar que aborten o la mejora de la seguridad de los centros de menores inmigrantes. También incluyeron el compromiso de explorar un convenio de colaboración con el Ministerio de Interior a fin de compartir datos sobre inmigrantes llegados de manera irregular.