El fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín, falleció ayer tras ingresar en un hospital de Buenos Aires en estado grave debido a un «proceso de infección» que le afectó en el riñón, según confirmaron fuentes del ministerio público. Maza se encontraba en la asamblea general de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), donde fue nombrado nuevo secretario ejecutivo de la organización, cuando se sintió indispuesto y avisó de que llevaba dos días con fiebre y se ausentó del encuentro para descansar en su hotel. Los médicos le aconsejaron entonces su ingreso hospitalario y permaneció desde este viernes en la unidad de cuidados intensivos.
El fiscal, de 66 años, estuvo acompañado por su esposa, el embajador de España en el país sudamericano, Javier Sandomingo y la fiscal de cooperación internacional, Rosana Moran.
Su última aparición pública fue el pasado 30 de octubre para informar de que la fiscalía había presentado dos querellas, una ante el Tribunal Supremo y otra ante la Audiencia Nacional, por rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación contra el Gobierno de la Generalitat cesado y contra los miembros soberanistas de la Mesa del Parlamento catalán.
DESDE NOVIEMBRE DEL 2016 / Miembro de la carrera judicial desde el 1975, y de la fiscal desde el 1978, fue designado fiscal general del Estado en noviembre del año pasado, cargo al que accedió tras abandonar su posición en la sala segunda del Tribunal Supremo. Su trayectoria al mando del ministerio público se distinguió por su ofensiva judicial para frenar el desafío soberanista y por el fiasco en el nombramiento de Manuel Moix como fiscal jefe Anticorrupción, al que salió a defender públicamente tras conocerse que posee el 25% de una sociedad radicada en Panamá cuya única propiedad es un chalet en España, en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 550.000 euros.
El Congreso de los Diputados aprobó con una amplia mayoría una moción del grupo socialista que reclamaba su destitución al frente del ministerio público, así como la de Moix, y reprobaba al ministro de Justicia, Rafael Catalá, hombre de su confianza, por su falta de explicaciones y de investigación sobre sus lazos con implicados en la Operación Lezo y sus «injerencias» para «entorpecer» la acción de la justicia en otras causas que salpican al PP.
Maza sustituyó en la fiscalía general del Estado a Consuelo Madrigal, quien después de dos años en el cargo había cesado. Nacido en Madrid, el 23 de octubre de 1951, él afirmaba sentirse segoviano, de donde es toda su familia. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid desde 1973, era además, diplomado en Criminología por la misma universidad. Como juez prestó sus servicios en los juzgados de Cangas (Pontevedra), Alacuás (Valencia), Alcorcón número 1 (Madrid) y en el juzgado de distrito número 9 de Madrid.
AL SUPREMO / En junio de 1988 ascendió a magistrado y fue nombrado presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid, donde permaneció hasta su nombramiento, el 23 de enero de 2002, como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Maza Martín fue elegido por doce votos, frente a los ocho que obtuvo Margarita Robles, para cubrir una vacante en la citada Sala.
En el Supremo trató asuntos como los recursos presentados por el juez Garzón en los procedimientos que se le abrieron; examinó el caso del preso común que llevaba más tiempo en prisión en España y redactó un voto particular en la sentencia contra el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz.
En cuanto a Garzón, Maza Martín defendió en febrero de 2012 la sentencia condenatoria para el exjuez Baltasar Garzón por entender que este decidió investigar los crímenes del franquismo a sabiendas de que no podía.
Por ello, discrepó del resto de sus compañeros y les advirtió de que, con esa resolución, podía dar lugar a que los jueces puedan ampararse en la protección de las víctimas para imponer su voluntad al margen de la ley.
Un año después, votó en contra de otra sentencia del Tribunal Supremo, la que dejaba en libertad al etarra Igancio Pujana por anulación de la doctrina Parot. Lo mismo que hizo en mayo de 2014 cuando emitió su voto en contra en la sentencia del Supremo que confirmaba la absolución del etarra Txeroki por el atentado de Denia.
Tras las elecciones generales de junio de 2016, en noviembre fue propuesto como fiscal general y el día 25 de esa misma fecha, el Consejo de Ministros confirmó su nombramiento como fiscal general del Estado, una vez recibido el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y tomó posesión del cargo el 29.
Sobre el proceso soberanista, Maza siempre estuvo convencido de que el referéndum del 1-O fue un «levantamiento violento alentado por los querellados» y fue duramente criticado por declarar ante los medios que los miembros del Gobierno catalán cesado podrían haber evitado la prisión incondicional «si hubieran dicho que aceptaban la Constitución y que dejaban de estar en la línea delictiva». Toda la carrera fiscal y judicial mostró su pésame por el fallecimiento de Maza, al que el portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, calificó como el «fiscal más independiente que ha existido en España».
