El fallecimiento, el domingo, del magistrado conservador Roberto García-Calvo ha trastocado la estrategia del PP de prolongar de modo indefinido su peso en el Tribunal Constitucional y asegurarse, fundamentalmente, el éxito del recurso contra el Estatuto de Cataluña. El partido de Mariano Rajoy reclamó ayer al PSOE que se cubra de forma inmediata la vacante, que deja al sector conservador con cinco miembros en el tribunal --formado por 12 magistrados--, uno menos que el ala progresista. Pero con el viento ahora a su favor, los socialistas condicionan la sucesión de García-Calvo a un pacto global para la renovación del Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el PP ha obstaculizado hasta el momento.

Hasta hace dos días, los populares confiaban en echar por tierra el Estatut, ya que habían logrado recusar al magistrado progresista Pablo Pérez Tremps, lo que les dejaba con una ventaja de seis a cinco. Con la muerte de García-Calvo, las fuerzas se han reequilibrado y el sector progresista vuelve a tener la sartén por el mango, ya que la presidenta del tribunal, la progresista María Emilia Casas, dispone de voto de calidad. Es decir, inclina la balanza en caso de empate.

Ante este panorama, el portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Federico Trillo, exigió que se cubra con "urgencia" la plaza que ha dejado García-Calvo. El exministro de Defensa pidió no mezclar este asunto concreto con las renovaciones pendientes de otros cuatro magistrados del Constitucional, cuya elección depende del Senado y que los populares han ido bloqueando desde diciembre pasado. También demandó Trillo desvincular este caso de la renovación total del CGPJ, en funciones desde noviembre del 2006 también por las trabas del PP. Por parte del PSOE la respuesta es contundente: es un mismo paquete.

COMO CON AZNAR En el fondo de este pulso está la pretensión del PP de mantener el peso en el poder judicial que consiguió durante el mandato de José María Aznar, pese a que la aritmética parlamentaria ha cambiado. Así, cuando los cuatro magistrados nombrados por el Senado fueron elegidos en 1998, para un mandato de nueve años, el PP disponía de mayoría absoluta en la Cámara alta y pudo proponer a tres de ellos, mientras que el PSOE postuló a uno. Con la actual composición del Senado, cada partido propondría dos candidatos. Es decir, los progresistas ganarían un miembro en el Constitucional y sumarían siete, frente a cinco conservadores.

El partido de Rajoy se ha resistido a aceptar esta nueva realidad, pese a los constantes requerimientos del PSOE y de organizaciones judiciales para desatascar la situación. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, tras lamentar la muerte del García-Calvo, reiteró que era necesario renovar a los magistrados cesantes del alto tribunal.

Sin embargo, el Senado no podrá llevar a cabo la renovación hasta que el Constitucional avale la reforma del reglamento de la Cámara alta que permite a los parlamentos autonómicos proponer a cuatro jueces. Precisamente, el fallecido era el ponente de esta sentencia. Ahora, la presidenta tendrá que elegir al sustituto tras consultar con el resto de jueces. El pleno del TC acudió ayer a La Bañeza (León) para despedir a García-Calvo.