En el 2005, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, recibió unas 480 quejas referidas a los usos lingüísticos en las comunidades con dos idiomas oficiales. Del total de reclamaciones, la mayoría procedieron de Cataluña. De ellas, 50 estaban relacionadas con la discriminación del castellano en la enseñanza primaria y se concentraron en el último trimestre del año.

El resto de expedientes hacían referencia a las acciones emprendidas por la oficina de garantía lingüística de la Generalitat catalana. Por ejemplo, en lo relativo a la rotulación en comercios y la atención al público.

Fuentes de la oficina que dirige Múgica destacaron que la cifra de quejas en la enseñanza primaria en Cataluña es "algo superior" a la registrada el año anterior, aunque no precisaron el porcentaje.

En declaraciones a los periodistas, Múgica destacó el "aumento" de este tipo de expedientes y recordó que el artículo tercero de la Constitución "recoge el deber y el derecho de todo ciudadano de aprender y usar el castellano". El pasado octubre, el Defensor ya envió una carta a la ministra de Educación en la que le transmitió su preocupación por las "cada vez más frecuentes quejas en las que se pone de manifesto la nula efectividad lingüística de quienes desean recibir enseñanzas oficiales en lengua castellana, especialmente en Cataluña, Baleares y Galicia".

CULPA DEL PP Las cifras facilitadas por Múgica salen a la luz a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a la Consejería de Educación del Gobierno catalán a escolarizar a un niño en castellano. La reacción del tripartito no se hizo esperar. Pasqual Maragall, el consejero primero, Josep Bargalló, y la consejera de Educación, Marta Cid (éstos dos últimos de ERC), denunciaron la existencia de una campaña, realizada por medios de comunicación afines al PP y por el propio partido. Maragall fue más lejos y encontró el motivo de la reaparición de la vieja controversia: "La polémica lingüística es un espantajo que alguien agita cada vez que Cataluña quiere dar un paso adelante en autogobierno".

Cid afirmó que la decisión del tribunal "no afecta al modelo educativo" y que la "campaña mediática no conseguirán que el Gobierno lo cambie". La consejera precisó que la resolución "afecta a un caso aislado" de interpretación que hacía la escuela afectada a la hora de impartir las horas de castellano.